El vocero presidencial, Manuel Adorni, informó sobre la denuncia presentada por el Gobierno contra 14 organizaciones sociales en relación al manejo de planes sociales, luego de recibir más de 16,000 denuncias ciudadanas.
El Gobierno Nacional tomó medidas contundentes luego de recibir más de 16,000 denuncias relacionadas con presuntas irregularidades en el manejo de planes por parte de organizaciones sociales. En una conferencia de prensa celebrada en Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, anunció que se ha presentado una denuncia judicial por «extorsión» y «defraudación al Estado» contra 14 organizaciones, entre las que se encuentran el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, y el Movimiento Evita.
La denuncia surge a raíz de las 16,150 llamadas recibidas en la línea 134, de las cuales 1,200 podrían estar directamente relacionadas con los delitos mencionados. Adorni detalló que estas organizaciones fueron identificadas durante la jornada de protesta del pasado miércoles, que tuvo lugar en Plaza de Mayo. En relación con los costos del operativo de seguridad desplegado ese día, ascendiendo a 60 millones de pesos, Adorni afirmó que estos serán imputados a los movimientos sociales responsables de la protesta.
Protocolo antipiquetes
En el marco de la aplicación del protocolo de orden público durante la marcha, se identificaron 14 organizaciones sociales, y se espera que estas asuman los gastos generados por el operativo. Entre las acciones llevadas a cabo, se ha dictado una resolución para establecer los parámetros que determinan los costos de dicho operativo, con el objetivo de intimar a las organizaciones para que asuman dichos gastos.
La denuncia ha sido presentada en los tribunales federales y está a cargo de la fiscalía federal 11, dirigida por Gerardo Pollicita. En el informe publicado por el Ministerio de Seguridad, se detallan los mecanismos de extorsión empleados por estas organizaciones, como solicitar dinero cada vez que se cobra el plan social, imponer multas de hasta 8 mil pesos a quienes no asisten a cortes de ruta, y amenazar con dar de baja el plan a aquellos que no participan en eventos convocados.
