El Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza condenó al ex juez federal Walter Ricardo Bento a 18 años de prisión efectiva, además de imponerle inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos y el pago de una multa superior a los 540 millones de pesos. El tribunal lo declaró responsable de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de coimas a cambio de beneficios procesales en causas judiciales que se tramitaban bajo su jurisdicción.
La resolución se conoció tras el juicio de cesura que se abrió luego del veredicto de culpabilidad dictado días atrás. De manera unánime, el tribunal determinó que Bento, de 63 años, cometió los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe, cohecho pasivo en ocho hechos, enriquecimiento ilícito, lavado de activos agravado, falsedad ideológica en dos hechos y ocultamiento e inutilización de elementos probatorios. La defensa del ex magistrado solicitó el cumplimiento de la pena bajo prisión domiciliaria, pedido que fue diferido y será analizado en una instancia posterior. Mientras tanto, continuará detenido en el complejo penitenciario federal de Cacheuta, en Luján de Cuyo.
En el mismo proceso judicial, también fueron condenados familiares directos del ex magistrado. Su esposa, Marta Boiza, recibió una pena de seis años de prisión al ser hallada culpable por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falsedad ideológica. Por su parte, su hijo, Nahuel Agustín Bento Boiza, fue condenado a cinco años de prisión por lavado de activos agravado por su participación como integrante de la estructura investigada.
El fallo fue emitido por unanimidad por el tribunal integrado por las juezas Gretel Diamante, María Carolina Pereira y Eliana Beatriz Rattá Rivas, en el marco de una causa considerada una de las investigaciones más relevantes sobre corrupción judicial en la provincia. El juicio oral comenzó en julio de 2023 y se extendió durante más de 130 audiencias, en las que declararon alrededor de 300 testigos. Durante el proceso, se analizó un amplio volumen de documentación y pruebas digitales.
La acusación estuvo a cargo de la fiscal general María Gloria André, el fiscal general Dante Vega y los representantes de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), Diego Velasco y Laura Roteta. Desde el Ministerio Público Fiscal se sostuvo que el ex juez ocupaba un rol central dentro de una organización criminal estable, con distribución de funciones y continuidad en el tiempo, cuyo objetivo era obtener dinero y bienes a cambio de resoluciones judiciales favorables.
De acuerdo con lo acreditado durante el juicio, la estructura investigada habría funcionado al menos desde 2007 y operaba principalmente en expedientes complejos vinculados a delitos como narcotráfico y contrabando. Según la fiscalía, el mecanismo consistía en el cobro de sobornos para otorgar excarcelaciones, reducir prisiones preventivas, modificar calificaciones legales o dictar sobreseimientos. Se estimó que el circuito de coimas habría movilizado al menos 1,7 millones de dólares, además de bienes muebles e inmuebles.
El tribunal consideró probado que Walter Bento definía estrategias, autorizaba beneficios procesales, establecía montos a percibir y dirigía las maniobras con el apoyo de intermediarios, abogados y contactos en ámbitos policiales. Asimismo, se comprobó la existencia de un entramado patrimonial familiar destinado a ocultar el origen ilícito de los fondos mediante operaciones inmobiliarias, adquisición de vehículos de alta gama y diversas inversiones.
Durante la etapa final del proceso, las defensas presentaron sus argumentos antes de la fijación de las penas. La fiscalía había solicitado una condena de 18 años de prisión efectiva, junto con la inhabilitación perpetua y el pago de una multa. La defensa del ex juez pidió una reducción de la pena y la concesión de arresto domiciliario, argumentando cuestiones familiares vinculadas al cuidado de un hijo con discapacidad.
Antes de conocerse la sentencia, el hijo del ex magistrado expresó ante el tribunal que el proceso había afectado su vida personal y solicitó la posibilidad de rehacerla. En tanto, Bento sostuvo que continuará defendiendo su posición dentro del marco judicial.
El ex juez había asumido al frente del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, con competencia penal y electoral, en septiembre de 2006, tras ganar un concurso. La investigación que derivó en la causa judicial se reactivó en marzo de 2020, cuando una pesquisa por narcotráfico detectó comunicaciones en las que se hacía referencia a un supuesto líder identificado como “el juez” o “el gran jefe”.
Con la lectura de la sentencia, el Tribunal Oral Federal N° 2 de Mendoza dio por finalizada la etapa de determinación de penas. Los fundamentos completos del fallo serán difundidos en una resolución posterior.
