La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza cuestionó al jefe de Gabinete tras conocerse que no había declarado más de 500 mil dólares obtenidos en operaciones con bitcoin. La tensión explotó minutos antes de una reunión de la mesa política en Casa Rosada.
Buenos Aires, 11 de junio de 2026. La senadora Patricia Bullrich salió a cuestionar públicamente a Manuel Adorni por el escándalo en torno a su declaración jurada patrimonial y no dejó margen para interpretaciones: «Esto es más que un error, es una omisión ética», afirmó. Y fue más lejos: «Nuestro Gobierno tiene la moral como política de Estado. Ahora, será la Justicia la que tendrá que determinar».
Las declaraciones se conocieron minutos antes de que ambos se encontraran en una nueva reunión de la mesa política de Casa Rosada, que encabeza el propio Adorni e integran, entre otros, el ministro del Interior Diego Santilli, el asesor presidencial Santiago Caputo, Martín Menem y Eduardo «Lule» Menem. El ministro de Economía, Luis Caputo, anticipó que no estaría presente por motivos personales.
El origen de la polémica
La controversia estalló luego de que se conociera la última declaración jurada de Adorni, en la que incorporó USD 513.000 a su patrimonio familiar. El jefe de Gabinete explicó que ese dinero proviene de operaciones realizadas con bitcoin entre 2013 y 2018, cuando la criptomoneda tenía una valuación considerablemente menor a la actual.
Ante las preguntas sobre por qué esos fondos no figuraban en declaraciones anteriores, Adorni admitió que nunca habían sido declarados formalmente. «Ahorramos en negro como todos los argentinos», sostuvo al intentar justificarse. La frase generó un fuerte impacto político porque implicó reconocer que esos activos permanecieron fuera de los registros oficiales durante años.
La fractura dentro del oficialismo
Bullrich había sido una de las primeras voces oficialistas en exigirle a Adorni que presentara la documentación para aclarar la situación. Luego de eso, la propia senadora difundió su declaración jurada, un gesto interpretado en el ámbito político como un respaldo explícito a los mecanismos de transparencia.
Sus nuevas declaraciones marcan un endurecimiento de esa postura. Al hablar de «omisión ética», Bullrich trasladó el debate desde lo técnico-patrimonial hacia las responsabilidades políticas del funcionario, y dejó abierta la puerta a eventuales consecuencias judiciales al señalar que podría configurarse el delito de «omisión maliciosa», que contempla inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
El presidente Javier Milei salió a respaldar a su jefe de Gabinete y sostuvo que las explicaciones brindadas son suficientes. Sin embargo, la posición de Bullrich —alineada con Karina Milei, secretaria General de la Presidencia— instaló una fisura visible dentro de La Libertad Avanza en uno de los momentos de mayor exposición política del Gobierno.
La referencia a que «la Justicia tendrá que determinar» abre una nueva etapa en la controversia: en los próximos días podrían presentarse denuncias o requerimientos judiciales vinculados con la evolución patrimonial del funcionario.
