El juez federal Ariel Lijo dispuso que el exjefe de Gabinete deba notificar cada vez que pretenda cruzar la frontera, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito que investiga su patrimonio. La detención pedida por dos denunciantes fue descartada.
Buenos Aires, 4 de julio de 2026. El exjefe de Gabinete Manuel Adorni ya no puede abandonar el país sin pasar antes por la Justicia. Así lo dispuso el juez federal Ariel Lijo, a cargo del expediente por enriquecimiento ilícito contra el exfuncionario libertario, quien deberá informar de manera previa cualquier intención de cruzar las fronteras para que los tribunales evalúen «la pertinencia y razonabilidad» de cada viaje.
La medida fue tomada a pedido del fiscal Gerardo Pollicita, quien conduce la investigación sobre el patrimonio de Adorni. En su dictamen, presentado este viernes, el fiscal descartó peligro de fuga o entorpecimiento de la causa, pero solicitó que el exvocero notifique cada salida del país. Se trata de la primera medida restrictiva dictada contra Adorni desde que se abrió la causa, y alcanza únicamente a él y no a su esposa, Bettina Angeletti, también bajo investigación judicial.
Previo a la resolución, Adorni había hecho saber a la Justicia —a través de un escrito presentado por su abogado, Matías Ledesma— que actualmente se encuentra en el país y que no tiene intenciones de cruzar las fronteras en el futuro cercano. La aclaración cobró relevancia luego de que, tras su renuncia a la coordinación del Gabinete del presidente Javier Milei, surgieran versiones sobre una supuesta intención del exvocero de radicarse en Uruguay.
La detención, descartada
El abogado Gregorio Dalbón y la diputada nacional Marcela Pagano, ambos denunciantes, habían reclamado en los últimos días la detención de Adorni o, en subsidio, la prohibición de salida del país y la retención de su pasaporte. Tanto el fiscal como el juez rechazaron ambos planteos.
Para desestimar la detención, Pollicita consideró que Adorni no opuso «reparos innecesarios» ni «dilaciones» que afectaran el trámite. El fiscal también tuvo en cuenta que el exfuncionario no tiene antecedentes penales, que posee bienes en el país y un lugar de residencia habitual junto a su núcleo familiar, lo que disipa el peligro de fuga alegado por los denunciantes.
La causa que investiga su patrimonio
En las próximas semanas, Adorni deberá dar sus primeras explicaciones formales en Comodoro Py. El fiscal prepara un requerimiento de justificación patrimonial, basado en un informe de la Dirección de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI), que determinará si el patrimonio del exfuncionario presenta inconsistencias y de qué magnitud. En tribunales estiman que ese estudio contable podría estar listo antes de la feria judicial de invierno.
Ese requerimiento será la primera oportunidad del investigado para demostrar que su fortuna tiene un origen legal. Públicamente, Adorni sostuvo que tenía en negro 500.000 dólares que alguna vez fueron criptomonedas, una versión que aún no fue comprobada en la Justicia. Si la respuesta no logra desarmar las sospechas, la próxima instancia será un llamado a declaración indagatoria.
En el marco de la investigación también aparece el nombre del contratista Matías Tabar, quien remodeló la casa de Adorni en el country Indio Cuá, una propiedad en la que el exfuncionario habría gastado al menos 245.000 dólares para modernizarla y equiparla. Esta semana, además, declararon tres empleados y funcionarios de la Vocería Presidencial que reconocieron haberle prestado su nombre o sus tarjetas de crédito para realizar compras millonarias sin dejar rastros, en lo que se sospecha era una maniobra para esconder gastos que no podría justificar con sus ingresos legales.
