Especialistas analizaron en Tucumán con Todo, por la pantalla de América Tucumán, los principales puntos debatidos en una jornada realizada en la Legislatura.
El abogado Martín Picón sostuvo que la nueva Ley de Modernización Laboral abrió un escenario de fuerte discusión técnica y judicial, con artículos cuestionados por su constitucionalidad y un impacto todavía incierto sobre trabajadores, empleadores y operadores del derecho. Lo planteó en una entrevista realizada por la abogada Virginia Almirón Matteucci en Tucumán con Todo, emitido por la pantalla de América Tucumán, luego de haber participado en una jornada de análisis organizada en la Legislatura de Tucumán.
Durante la entrevista, Picón planteó que uno de los primeros interrogantes pasa por el espíritu de la reforma: si realmente fue pensada para bajar la litigiosidad o si, por el contrario, terminó abriendo una nueva etapa de conflictos judiciales. Esa mirada se apoya en un dato concreto: la Ley 27.802, publicada el 6 de marzo de 2026, ya fue alcanzada por planteos de inconstitucionalidad y por medidas cautelares en distintos frentes.
Uno de los puntos más sensibles que cuestionó fue el fondo o sistema de cese laboral, mecanismo que la norma habilita a pactar por convenio colectivo para sustituir el régimen indemnizatorio tradicional. Picón consideró que esa herramienta puede vaciar el efecto disuasivo de la indemnización por despido sin causa, al volver más previsible para el empleador el costo de una desvinculación. La ley establece que ese sistema puede funcionar mediante cuentas administradas por entidades habilitadas por la Comisión Nacional de Valores, con costo a cargo del empleador.
El abogado también puso el foco en otro aspecto que considera controversial: la idea de que trabajador y empleador puedan “consensuar” determinadas condiciones en igualdad de planos. En su análisis, esa posibilidad choca con una realidad estructural del derecho laboral: la relación entre ambas partes es asimétrica. Ese debate aparece, por ejemplo, en temas como el banco de horas, la compensación de horas extras y el fraccionamiento de vacaciones, figuras que la ley contempla bajo esquemas de acuerdo o formalización escrita.
Picón además remarcó que la reforma no impacta sólo del lado del trabajador. Señaló que también otorga herramientas al empleador, entre ellas nuevas reglas procesales y alternativas para afrontar contingencias judiciales. Sin embargo, subrayó que buena parte de ese esquema hoy está atravesado por la incertidumbre, porque a fines de marzo un juez laboral suspendió cautelarmente 83 artículos de la Ley 27.802 a pedido de la CGT, aunque luego revocó esa decisión en uno de los artículos vinculados a la actualización de créditos laborales.
A ese cuadro se sumó una nueva disputa por la competencia judicial. Mientras la CGT insiste en llevar sus planteos al fuero laboral, una resolución posterior desplazó parte de la discusión hacia el fuero contencioso administrativo federal, lo que profundizó el clima de inseguridad jurídica alrededor de la reforma. Para Picón, ese contexto vuelve especialmente valiosos los espacios de debate técnico, porque obliga a abogados, jueces, sindicatos y empleadores a interpretar reglas que todavía están en movimiento.
