Este sábado, personal de la Comisaría Seccional Trece realizó un allanamiento exitoso en un domicilio ubicado en calle Malabia al 1100, en el marco de una investigación por amenazas con arma de fuego. La medida fue autorizada por el Colegio de Jueces y Juezas de Tucumán, luego de una denuncia realizada por una mujer que manifestó haber sido amenazada por su expareja.
Según los datos proporcionados por fuentes policiales, la víctima relató que días atrás, mientras ingresaba a su vivienda, fue abordada violentamente por su excompañero sentimental, quien la habría amenazado de muerte tanto a ella como a sus hijos, mientras le apuntaba con un arma de fuego. El grave testimonio motivó el inicio de tareas de inteligencia e investigación exhaustiva por parte del personal de la seccional.
Con los elementos probatorios recolectados, los investigadores solicitaron una orden de allanamiento judicial, que fue otorgada de forma inmediata por las autoridades competentes. Así, en la jornada del sábado, se ejecutó la medida en un domicilio particular en la capital tucumana.
Durante la irrupción en el inmueble, los uniformados hallaron y secuestraron un revólver calibre 22, que se presume fue el arma utilizada durante la agresión denunciada. Además, se encontraron varios cartuchos sin utilizar y vainas servidas, que serán sometidos a peritajes para confirmar su vinculación con los hechos denunciados.
Todo lo decomisado fue puesto a disposición de la Justicia y será utilizado como prueba fundamental en la causa que avanza con celeridad. Las tareas investigativas continúan, y no se descarta que en los próximos días se dispongan nuevas medidas judiciales para esclarecer completamente lo sucedido.
Desde la Comisaría Seccional Trece, a cargo de la investigación, destacaron la rápida actuación policial y el compromiso con la protección de las víctimas de violencia de género. Este procedimiento forma parte de una política activa de la Policía de Tucumán para dar respuesta eficaz a los casos de violencia familiar y garantizar la seguridad de las personas afectadas.
Además, remarcaron la importancia de que las víctimas denuncien cualquier situación de amenaza o agresión, para que se puedan activar los protocolos de contención y protección previstos por la ley. La actuación eficiente de los uniformados y la celeridad del poder judicial en autorizar las diligencias permitió recolectar pruebas clave para la investigación penal.
El acusado se encuentra identificado y es intensamente buscado por la Justicia, mientras se analiza la posibilidad de dictar medidas de restricción o detención preventiva.
