El Ministerio de Seguridad de Tucumán y la Jefatura de Policía realizaron un operativo que derivó en la detención de cuatro personas, entre ellas dos efectivos policiales y dos reclusos que se encontraban fuera de su lugar de detención realizando trabajos de albañilería en la zona de El Cadillal. A raíz de este caso, ya son cuatro los policías apartados de la fuerza, incluyendo al jefe y al segundo jefe de la Unidad Regional Norte.
El ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, confirmó la detención de los implicados y brindó detalles sobre el procedimiento. Según explicó, la investigación comenzó a partir de denuncias anónimas que alertaron sobre la presencia de personas privadas de la libertad fuera del penal. Tras una serie de tareas de inteligencia y allanamientos, se constató que los reclusos estaban realizando trabajos en una vivienda acompañados por dos efectivos policiales que, además, utilizaban un móvil oficial de la Unidad Regional Norte.
“A raíz de una denuncia que se había recibido, se venían realizando tareas de inteligencia y de investigación con el objetivo de corroborar esta información. Es así como llegamos hasta este lugar, donde nos damos con dos personas condenadas y privadas de la libertad, quienes deberían haber estado en su lugar de alojamiento y estaban en este domicilio realizando trabajos de albañilería, acompañados por dos efectivos policiales”, señaló Agüero Gamboa.
El funcionario informó que los suboficiales fueron detenidos y pasados a disponibilidad, mientras que los jefes superiores comisario general Gustavo Beltrán (primer jefe de la Unidad Regional Norte) y comisario mayor Sergio Juárez (segundo jefe) fueron imputados y apartados de sus cargos.
“El gobernador, al tomar conocimiento de este hecho tan grave cometido por personal policial, dispuso inmediatamente la baja del primer y el segundo jefe de la Unidad Regional Norte”, confirmó Agüero Gamboa, destacando que la decisión se tomó en el marco de una política de tolerancia cero ante irregularidades dentro de la fuerza.
Por su parte, el jefe de Policía, Joaquín Girvau Olleta, se refirió a las medidas internas que se implementarán tras el caso. “El gobernador ya dispuso la baja y firmó el decreto correspondiente. No podemos tolerar ninguna de estas situaciones que afectan a la institución policial. Vamos a seguir trabajando; somos nosotros los encargados de depurar la fuerza, y lo vamos a hacer junto al subjefe, la plana mayor y el ministro de Seguridad”, declaró.
Asimismo, Girvau Olleta aseguró que se llevará a cabo una investigación administrativa interna, paralela a la causa judicial. “Aquí se encuentra la secretaria de la Fiscalía, estamos aportando todos los datos y administrativamente vamos a hacer una investigación exhaustiva, interna y profunda, que tendrá sus consecuencias”, afirmó.
Con estas acciones, el Ministerio de Seguridad busca reforzar los mecanismos de control interno y transparencia institucional, en un contexto donde la conducta de los miembros de la fuerza policial se encuentra bajo especial observación. El caso de los “reclusos albañiles” ha generado un fuerte impacto dentro de la estructura policial tucumana, marcando un precedente en la política de sanción inmediata ante hechos de corrupción o incumplimiento de deberes.
Las investigaciones judiciales continúan para determinar las responsabilidades penales de los implicados, mientras que el Ministerio de Seguridad confirmó que no se descartan nuevas medidas disciplinarias si surgen más nombres involucrados en el expediente.
