A Ulises Martín Orosco Moya se lo imputó ayer viernes desempeñarse como jefe de una asociación ilícita desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024 (ver aparte). En tanto su pareja, Tamara Herrera, lo hacía en carácter de miembro. Durante la audiencia, el titular de la Unidad Fiscal de Robos y Hurtos I, Diego López Ávila, les atribuyó otros ocho hechos (entre ellos estafa y encubrimiento), habló de la existencia de 16 legajos y más de 50 ilícitos que habrían cometido en total los integrantes de esta banda. El representante del MPF habló de una delincuencia organizada y capacidad económica. Por los riesgos procesales pidió la prisión preventiva por seis meses como así también el tratamiento de la causa como asunto complejo (Orosco Moya ya posee una condena anterior). En total ya son 12 los imputados.
“Existe un elevado número de acusados y de víctimas. Se trata de una delincuencia organizada. Recordemos que la pareja contaba con una orden de detención, ordenada en el marco de este legajo, y en los domicilios de nuestra provincia los resultados fueron negativos, por lo que se dictó la captura y rebeldía. Estas medidas debieron practicarse en otras jurisdicciones (siendo habidos en Catamarca por tareas efectuadas por la Dirección de Análisis Criminal perteneciente al ECIF). Sin lugar a dudas, poseen una capacidad económica que está relacionada estrechamente al tiempo que le costó a la Justicia dar con su paradero, también la capacidad organizativa. Respecto a la repetición de estos actos, los sujetos contaban por lo menos con cuatro o cinco vehículos sustraídos, los cuales inmediatamente eran colocados nuevamente en el mercado legal a través de la adulteración y obteniendo títulos originales de una institución nacional, entregando dinero pero también adquiriendo un beneficio económico por la venta de estos vehículos”, expuso el Fiscal.
Acerca de la extensión del daño, López Ávila recalcó: “Debemos considerar el grave daño practicado no solamente a las víctimas desapoderadas de sus vehículos sino de aquellas que lógicamente han sido engañadas a través del error ya que adquirieron vehículos bajo la apariencia de ser legales”.
Para finalizar, el juez actuante otorgó el plazo requerido por la Fiscalía para el cumplimiento de la prisión preventiva.
La teoría del caso
Aproximadamente desde junio de 2023 hasta septiembre de 2024, dentro del territorio de la provincia de Tucumán, varios sujetos, previo acuerdo de voluntades y división de roles asignados, desempeñándose uno de ellos como jefe (Orosco Moya) y el resto como miembros de la organización, fue que en forma habitual, permanente, reiterada y sistemática se asociaron con una finalidad delictiva destinada principalmente a conseguir beneficios patrimoniales y económicos, mediante la obtención en forma constante de rodados con pleno conocimiento de que habían sido sustraídos a diversas víctimas y estaban denunciados como robados. Debido a la situación irregular en que se encontraban estos vehículos, los miembros de la asociación los adquirían sin la documentación pertinente o sin efectuar la correspondiente transferencia. Asimismo, modificaban sus características externas, ya sea cambiando su color, quitándole sus chapas patentes o cambiando las mismas por otros dominios. Una vez obtenidos los rodados, utilizaban documentación apócrifa y así procedían a venderlos. Algunos de los sujetos se encargaban de obtener las motocicletas, efectuando estos desapoderamientos cuando las víctimas estaban conduciendo o cuando habían sido dejadas en estacionamientos. Otros imputados se encargaban de recibir motos, con pleno conocimiento de que las mismas provenían de hechos ilícitos. Luego de ello, el líder y ahora imputado se encargaba de adquirir la documentación adulterada de las motocicletas, siendo que en esos instrumentos se consignaban titulares falsos. Al momento de tener las motocicletas en cuestión y la documentación, la organización vendía eses rodados mediante engaños a compradores de buena fe.
