Capital Humano anunció que recurrirá la decisión del Juzgado Nacional del Trabajo N° 63, que suspendió de manera provisoria artículos centrales de la Ley 27.802 tras una presentación de la CGT.
Buenos Aires, 30 de marzo. El Gobierno nacional confirmó que apelará el fallo judicial que suspendió provisoriamente parte de la reforma laboral. La decisión fue comunicada por el Ministerio de Capital Humano, que informó que avanzará con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación para revertir la medida dictada por el Juzgado Nacional del Trabajo N° 63.
La resolución fue firmada por el juez Raúl Horacio Ojeda, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT) en el marco de una acción declarativa contra el Estado nacional. En ese pronunciamiento, el magistrado dispuso suspender la vigencia de los artículos cuestionados hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Según el detalle incluido en el fallo, la cautelar alcanza 82 artículos de la Ley 27.802 de Modernización Laboral.
Entre los puntos que quedaron en pausa aparecen cambios vinculados a indemnizaciones, la creación de los Fondos de Asistencia Laboral, el banco de horas, el fraccionamiento de vacaciones, nuevas reglas sobre huelga y asambleas, modificaciones en la ultraactividad de los convenios colectivos y la derogación del régimen de teletrabajo, entre otros aspectos del paquete aprobado por el Congreso.
En su comunicado, Capital Humano ratificó la defensa de la norma y aseguró que buscará sostener su vigencia en todas las instancias necesarias. La cartera sostuvo que la ley fue concebida como una herramienta para promover empleo formal, mejorar la competitividad y fortalecer la seguridad jurídica. Además, rechazó lo que definió como “intentos de quienes, priorizando intereses corporativos y sectoriales, pretenden obstaculizar las reformas necesarias para superar el desempleo y el estancamiento”.
La Ley 27.802 fue sancionada el 27 de febrero de 2026 y publicada en el Boletín Oficial el 6 de marzo. Con esta cautelar, el Ejecutivo abre una nueva disputa judicial en torno a uno de los capítulos más sensibles de su agenda laboral, mientras la CGT sostiene que la norma afecta derechos individuales y colectivos de los trabajadores.
