La ley que obliga a los tres poderes del Estado a informar a los ciudadanos sobre sus actos entra en vigencia hoy, en sintonía con la apertura largamente reclamada por organizaciones civiles que piden mayor transparencia en los asuntos públicos. Aprobada un año atrás por amplia mayoría en el Congreso Nacional, la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública constituye un avance en materia de transparencia estatal -luego de años de intentos parlamentarios fallidos- porque se apoya en el derecho de toda persona a conocer la manera en que sus gobernantes, representantes y funcionarios cumplen sus funciones y el destino que otorgan al dinero público.
En concreto, cualquier ciudadano podrá solicitar información al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial, y deberá tener una respuesta adecuada en un lapso no mayor a 15 días, prorrogables por otros 15. En caso de que eso no ocurra, el solicitante podrá reclamar por vía administrativa y/o judicial. Según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado tiene el deber de asegurar la transparencia de su gestión y no sólo debe responder ante pedidos de información por parte de los ciudadanos, sino también difundir activamente los datos relevantes.
