Tras un operativo militar en Venezuela y su captura, el líder chavista fue imputado junto a su esposa y desató un fuerte temblor político en América Latina y en la ONU.
Un operativo militar histórico, acusación por narcoterrorismo y reacciones en cadena
Estados Unidos confirmó que Nicolás Maduro será juzgado en Nueva York por “conspiración narcoterrorista”, tras su captura en Venezuela en el marco de una ofensiva militar a gran escala ordenada por Donald Trump. La Fiscal General de EE.UU., Pamela Bondi, anunció que el mandatario venezolano y su esposa, Cilia Flores, fueron imputados por narcotráfico, terrorismo, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, en un expediente que ya sacude la política internacional.
El operativo que terminó con la detención del líder chavista estuvo a cargo de la Delta Force, la unidad de élite antiterrorista del ejército estadounidense, en una acción que Washington presenta como una “operación brillante” y que Caracas denuncia como una “gravísima agresión militar”. Durante la madrugada se reportaron bombardeos en Caracas y otras ciudades del país, con despliegue de tropas y estado de conmoción en todo el territorio venezolano.
La ofensiva provocó una inmediata grieta diplomática en la región y en el mundo. Mientras la Argentina respaldó oficialmente el ataque y valoró la “determinación” del presidente de EE.UU., el gobierno de Brasil, encabezado por Lula da Silva, condenó la captura de Maduro y advirtió que la acción “cruza una línea inaceptable” y sienta un “precedente extremadamente peligroso”.
En paralelo, México repudió “enérgicamente” el ataque militar, reclamó respeto a la Carta de la ONU y pidió una reacción urgente de la comunidad internacional. Rusia exigió explicaciones inmediatas sobre el paradero de Maduro, y Cuba habló de “criminal ataque” y “terrorismo de Estado” contra Venezuela, convocando a una movilización global en defensa de la soberanía.
Dentro de la región, la ofensiva también reordenó posiciones políticas. El expresidente argentino Mauricio Macri celebró la captura de Maduro y afirmó que “Latinoamérica recupera un país secuestrado por una dictadura”, mientras que el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que “a todos los criminales narcochavistas les llega su hora” y se declaró aliado del pueblo venezolano y de líderes opositores como María Corina Machado.
Desde Washington, el vicepresidente estadounidense JD Vance sostuvo que “Maduro es la más reciente persona en descubrir que Trump cumple lo que promete”, al afirmar que Caracas desoyó sucesivas ofertas para negociar el cese del narcotráfico y la restitución de lo que definió como “petróleo robado”. El secretario de Estado, Marco Rubio, reiteró que “Maduro NO es el presidente legítimo de Venezuela” y lo acusó de liderar un cartel de drogas.
En el corazón de Caracas y otras ciudades se registran movilizaciones y despliegue militar, con el chavismo intentando mostrar capacidad de resistencia pese a la captura del mandatario. Delcy Rodríguez, vicepresidenta venezolana, podría asumir el mando político en caso de confirmarse la detención y ya reclamó a Estados Unidos una “prueba de vida” de Maduro, además de denunciar una violación flagrante del derecho internacional.
La crisis llegó al plano institucional global: se convocó a una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, impulsada por Rusia, China y Colombia, para debatir los ataques y la captura del líder venezolano. Estados Unidos anticipó que presentará pruebas de inteligencia vinculadas al narcotráfico para encuadrar la ofensiva en el marco de la “legítima defensa colectiva”.
Mientras tanto, gobiernos como el de España se ofrecieron a mediar para una “solución pacífica”, y la Unión Europea llamó a la moderación ante el riesgo de una escalada regional. La Casa Rosada, por su parte, mantiene contactos con la administración Trump y sigue de cerca la situación de argentinos detenidos en Venezuela, entre ellos el gendarme Nahuel Gallo.
