Este viernes se llevó a cabo en el hall central de la Legislatura la firma del acta de constitución de la APPRA (Asamblea Permanente para la Recuperación de Adictos). Dicho evento estuvo organizado conjuntamente por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Participaron el vicegobernador, Osvaldo Jaldo; el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva; el ministro Público Fiscal, Edmundo Jiménez; el ministro Pupilar y de la Defensa, Washington Navarro; el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla; el vicepresidente primero, Regino Amado; el secretario de la Cámara, Claudio Pérez; y los legisladores Graciela Gutiérrez, Walter Berarducci, Federico Masso y Daniel Deiana.
Será misión de esta asamblea gestionar, coordinar y colaborar en todas las acciones conducentes al cumplimiento de los fines establecidos en el Plan Integral para el Abordaje de los Consumos Problemáticos Ley n° 26.934.
Las fundaciones que serán beneficiadas con la firma del acta fueron: Manuel Guerrero por Fundación Manos de Amor y Solidaridad; José Tejeda por Fundación Primero los Niños; David Gutiérrez, coordinador de Hogares del Arzobispado de Tucumán, y Julio González por Fundación Camino de Esperanza.
Bajo el lema “Ayudemos a los que Ayudan”, el Ministerio Público Fiscal de Tucumán profundiza la política criminal para que “Lo recuperado del delito, vuelva a la Comunidad”.
A través del Equipo de Políticas Reparatorias (ECPR), el Ministerio Público Fiscal, que conduce Edmundo Jiménez, asigna recursos a instituciones de bien público porque “Detrás de cada reparación hay un Proyecto Social”. El fin primordial de esta política restaurativa es que las reparaciones se realicen por medio de proyectos sociales de instituciones que, por un lado, promuevan la inclusión educativa, deportiva y laboral y fortalezcan las temáticas de niñez y adolescencia, violencia de género, abandono de personas mayores, medio ambiente, protección animal y consumo problemático.
El nuevo Código Procesal Penal de Tucumán fue modificado en septiembre de 2020 y entre sus modificaciones más importantes, está la de poder solucionar un conflicto penal, buscando soluciones alternativas. Esto significa que quien está acusado de un delito leve puede ofrecer reparar el daño que causó a la víctima y a la sociedad. Aquí es donde empezó el nacimiento de la oficina de Políticas Reparatorias, siendo su función principal, asignar estos recursos de reparaciones económicas, como así también todos los secuestros de objetos (que se usaron para delinquir) para entregarlos a instituciones públicas y comunitarias.
. Dicho evento estuvo organizado conjuntamente por el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.){kind=link}