En un contexto de intensas negociaciones políticas, el Ministro del Interior, Guillermo Francos, expresó confianza en la aprobación de la ley ‘Bases’ y abordó temas críticos como el impuesto PAÍS y la constitucionalidad del DNU 70/2023.
El ministro del Interior, Guillermo Francos, en una reciente entrevista con Radio Rivadavia, manifestó su convicción de que existe «un consenso mayoritario para tener la sesión y aprobar la Ley ‘Bases'» en la Cámara de Diputados. Esta declaración surge en un momento crucial para el gobierno, buscando fortalecer su agenda legislativa.
Francos señaló que, a pesar de las «diferencias» con la oposición en ciertos aspectos del proyecto, está «convencido» de que hay acuerdo en los «temas más importantes de la ley». Resaltó que la ley «Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos» abarca «temas muy importantes que benefician al pueblo argentino en su conjunto y a las provincias».
El ministro también hizo hincapié en la necesidad de proporcionar al presidente Javier Milei los «instrumentos» para cumplir con las promesas de su campaña, a pesar de la mayoría parlamentaria actual. Francos subrayó el respaldo del 56% de los argentinos a Milei durante las elecciones.
En otro orden de temas, Francos abordó la cuestión del impuesto PAÍS, negando un acuerdo del gobierno para que sea gestionado por las provincias. Afirmó que «el impuesto PAÍS no se coparticipa», en línea con la postura del presidente.
Además, el ministro comentó sobre la reunión en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) con varios gobernadores y líderes políticos, calificando el encuentro como «un poco anárquico». Expresó su sorpresa por la presencia de personas no invitadas y destacó que se abordaron temas continuamente discutidos.
Finalmente, Francos confirmó la intención del Gobierno de «apelar todos los fallos» que buscan frenar el aspecto laboral del decreto 70/2023, con la intención de llevar el caso hasta la Corte Suprema de Justicia para determinar su constitucionalidad. Esto sigue a la decisión de la Cámara Nacional del Trabajo de declarar inconstitucional todos los artículos del capítulo laboral del decreto, tras una presentación de la Confederación General del Trabajo (CGT).
