Restitución provisoria del sitio, ubicado en ruta provincial Nº 347 Km 2,7, en el plazo de cinco días hábiles. La Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II dispuso el cumplimiento de medidas de menor intensidad por seis meses.
En una audiencia desarrollada este martes, el Ministerio Fiscal (MPF) logró la restitución provisoria de un inmueble ubicado en la ruta 347 km 2,7 de El Cadillal, que pertenece al Estado provincial. El fiscal, Carlos Saltor, a cargo de la Unidad Especializada en Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad II imputó a un jubilado (ex policía federal) por el delito de usurpación por despojo mediante violencia, hechos ocurridos entre los meses de agosto y de septiembre de 2023.
“De manera violenta, el acusado ingresó al lugar (padrón catastral 518.351) aludiendo ser propietario del terreno. Seguidamente, comenzó a instalar postes de madera para delimitar el predio, despojando de esa manera de la posesión del mismo al Gobierno de la provincia”, relató Saltor. Al exponer las evidencias, el Fiscal se refirió al relevamiento realizado por parte de los ingenieros de la policía, en el que se detalla una construcción de mampostería y un kiosco. “La zona fue ocupada hace menos de tres años y en las imágenes tomadas por el satélite se puede observar que en enero de 2022 el terreno se encontraba completamente vacío y ya en junio del 2024 se observa la construcción de mampostería y un kiosco hacia calle Las Rosas”, detalló Saltor, quien estuvo acompañado por la auxiliar de fiscal, Daniela Briz Tomás. Cuando tomó la palabra, el acusado dijo: “No me interesa ese padrón (en conflicto). Sólo pido que se respete lo que está ocupado”. Como segundo punto, el Fiscal pidió medidas de menor intensidad por el término de seis meses como ser: fijar domicilio, concurrir a las citaciones y la prohibición de realizar cualquier acto que pueda obstaculizar el descubrimiento de la verdad y la actuación de la ley. A continuación, el representante del MPF se adhirió al planteo de la querella para la restitución provisoria del inmueble. Finalmente, el juez actuante hizo lugar a todo lo requerido por la Fiscalía y al resolver ordenó que en el plazo de cinco días hábiles proceda a deshabitar y hacer entrega del inmueble.
