Una investigación judicial se lleva adelante en San Miguel de Tucumán tras detectarse un presunto caso de fraude vinculado a la venta ficticia de viviendas sociales. Una mujer es investigada por ofrecer supuestas gestiones ante el Instituto Provincial de la Vivienda y Desarrollo Urbano (IPV) a cambio de dinero.
El procedimiento se concretó este lunes en una vivienda ubicada en calle Rufino Cossio al 2300, en el marco de una causa impulsada por la Unidad Fiscal de Usurpación, Estafas y Cibercriminalidad N.º 1 de la Capital. La medida fue ejecutada por personal de la Sección Delitos Generales y Especiales, dependiente del Departamento de Inteligencia Criminal, quienes actuaron bajo orden judicial.
Las tareas investigativas comenzaron días atrás, a partir de denuncias de particulares que afirmaron haber recibido llamadas telefónicas en las que se les solicitaba dinero para inscribirse en supuestos sorteos de viviendas sociales. En esas comunicaciones, los interlocutores se presentaban como personas con contacto directo con el IPV y aseguraban poder garantizar un lugar en las listas de beneficiarios de las casas.
De acuerdo con los primeros informes policiales, la mujer habría utilizado documentación apócrifa y mecanismos de comunicación telefónica para dar apariencia de legitimidad a las gestiones, generando así confianza en las víctimas. El esquema incluía la entrega de sumas de dinero bajo el argumento de cubrir gastos administrativos o acelerar los trámites de inscripción en los planes habitacionales.
Durante el allanamiento, los efectivos secuestraron un teléfono celular y tres carpetas con documentación que ahora son consideradas elementos clave para el avance de la causa. Los investigadores estiman que tanto el dispositivo como los papeles podrían contener información sobre las presuntas víctimas, los montos cobrados y las comunicaciones mantenidas en el marco de la maniobra.
Las autoridades buscan determinar si la mujer actuaba de manera individual o formaba parte de una red más amplia dedicada a este tipo de fraudes. Fuentes cercanas al caso señalaron que se intenta establecer la cantidad total de damnificados y el posible perjuicio económico ocasionado.
El Departamento de Inteligencia Criminal continúa analizando los elementos secuestrados con el objetivo de reconstruir el recorrido de las llamadas, los mensajes y las transferencias que habrían sido realizadas por las víctimas. Asimismo, se espera el resultado del peritaje técnico del teléfono móvil, que podría aportar nuevas pruebas sobre la metodología utilizada.
Desde el entorno judicial se recordó que el Instituto Provincial de la Vivienda no solicita dinero por inscripciones o gestiones de ningún tipo, y se advirtió a la población sobre la importancia de no entregar sumas ni datos personales ante ofrecimientos de viviendas fuera de los canales oficiales.
La investigación continuará en los próximos días con declaraciones testimoniales y la evaluación del material incautado. Los investigadores no descartan que puedan surgir nuevas imputaciones o vinculaciones con otras causas similares registradas en la provincia.
