La investigación, iniciada por el gobernador Osvaldo Jaldo, busca esclarecer incompatibilidades y posibles incumplimientos de deberes y prohibiciones.
A través de un decreto firmado por el gobernador Osvaldo Jaldo, se ha dado inicio a una investigación administrativa para deslindar responsabilidades frente a presuntas incompatibilidades e incumplimientos de deberes y prohibiciones por parte de más de 900 agentes de la Administración Pública Centralizada. Este proceso tiene relación con la percepción ilegítima de los beneficios del Programa Nacional Potenciar Trabajo.
La medida responde al Oficio emitido por el Fiscal Federal, Guillermo Fernando Marijuan y a la decisión del Ministerio de Capital Humano de la Nación, que suspendió el pago del Salario Social Complementario a 956 beneficiarios tucumanos del Programa «Potenciar Trabajo». Esta suspensión afecta a un total de 4588 titulares en todo el país.
Los beneficiarios en cuestión fueron señalados por presuntas incompatibilidades en la percepción de los beneficios del programa en relación con las remuneraciones de empleados estatales en 14 provincias. La investigación, iniciada en el ámbito de Tucumán, abarca diversas instancias gubernamentales, incluyendo personal del Poder Ejecutivo, municipios, comunas rurales y agentes de la ex Unidad Reconversión Laboral (UNREL).
El decreto especifica que las incompatibilidades se originaron durante la gestión de gobierno que concluyó el 29 de octubre de 2023. La Dirección General de Recursos Humanos tiene 30 días para elevar Conclusiones Finales y el eventual Capítulo de Formulación de Cargos. Los Ministros de Educación y Seguridad también deben seguir instrucciones respecto al personal de sus dependencias.
En ese sentido, el instrumento legal establece que las sanciones pueden variar desde un Apercibimiento hasta la Cesantía. Todo este proceso judicial se inició cuando el fiscal Guillermo Marijuan cruzó las bases de datos del programa con las planillas de empleados públicos de 14 provincias, identificando a 4588 personas con posibles incompatibilidades.
Asimismo, las provincias investigadas hasta el momento incluyen Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Río Negro, Jujuy, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz. El Ministerio de Capital Humano dio a conocer los nombres de los implicados a través de la Resolución 17/2023, abarcando un extenso listado de 418 páginas.
