El gobernador Osvaldo Jaldo tomó una decisión política de alto impacto este lunes al intervenir el municipio de Juan Bautista Alberdi mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), en el marco de un fuerte escándalo que involucra a exfuncionarios con presuntas actividades ilícitas. El mandatario designó como interventor al contador Guillermo Norry, quien hasta el momento se desempeñaba en el Instituto de Previsión Social de Tucumán (Ipsst).
La intervención está amparada en el artículo 139 de la Constitución provincial, que habilita al Poder Ejecutivo a actuar en casos de grave desorden institucional. La medida tendrá una duración máxima de 180 días, periodo en el cual se deberán convocar a elecciones municipales, dado que no se ha alcanzado aún la mitad del mandato actual en esa jurisdicción.
La situación escaló rápidamente luego de que se difundiera un audio comprometiendo a funcionarios del municipio, entre ellos al entonces intendente Luis Campos, en un supuesto caso de comercialización de drogas. Esto motivó la rápida reacción del Gobierno provincial.
“No vamos a permitir que en Tucumán funcionarios ni políticos estén ligados con la droga. Van a ir presos y el que tenga responsabilidad institucional lo vamos a intervenir. No es merecedor de conducir una ciudad», sostuvo el gobernador Jaldo en declaraciones a la prensa el pasado viernes. “En este caso es Alberdi, pero ni siquiera una comuna debe estar bajo conducción de personas sospechadas de delitos graves. Como Gobierno vamos a ir hasta las últimas consecuencias”, subrayó con firmeza.
El ahora interventor, Guillermo Norry, tiene trayectoria como dirigente sindical y exfuncionario en la Municipalidad de Banda del Río Salí, y asumió el cargo con el compromiso de «restablecer el orden administrativo y garantizar el funcionamiento legal del municipio». En su primer acto administrativo, dejó sin efecto el organigrama del Ejecutivo municipal, como paso inicial para reorganizar la gestión local.
“Se designó a un contador con experiencia en la función pública, que pondrá en orden las finanzas y los servicios, y garantizará a los empleados que seguirán en sus puestos en función de las nuevas directivas”, detalló el ministro del Interior, Darío Monteros, quien estuvo en Alberdi junto a otros altos funcionarios.
Durante la madrugada del lunes, arribaron a la ciudad los ministros Regino Amado (Gobierno y Justicia) y Eugenio Agüero Gamboa (Seguridad), el fiscal adjunto Raúl Ferrazzano, el jefe de Policía Joaquín Girvau y el propio Norry. La lectura del DNU fue realizada por Ferrazzano y supervisada por la escribana Olga Inés Navarro, a cargo del Registro de Gobierno.
Paralelamente, por orden judicial, se allanaron los domicilios del exintendente Luis Campos y de su secretario de Hacienda, José Roldán, así como las instalaciones del Concejo Deliberante y la Intendencia municipal.
El clima en la ciudad es de tensión, pero también de expectativa frente a la posible recuperación institucional de Alberdi, en medio de una crisis que sacudió profundamente a su comunidad. La intervención busca garantizar transparencia y restablecer el vínculo entre el gobierno municipal y los ciudadanos, a través de un proceso electoral que recupere la confianza perdida.
La Legislatura provincial deberá ahora ratificar la intervención y convertir el DNU en ley, lo cual se espera se concrete en los próximos días para legitimar el proceso iniciado por el Ejecutivo.
