El texto también extiende la restricción del uso de celulares en los institutos y pasa ahora al Senado. El Gobierno busca que entre en vigor el 1 de septiembre, con mecanismos de verificación de edad en las plataformas.
París, Francia — Lunes 26 de enero de 2026 (votación tras medianoche). La Asamblea Nacional de Francia aprobó un proyecto de ley que prohíbe el acceso a redes sociales a los menores de 15 años, luego de un debate que se extendió hasta pasada la medianoche. La iniciativa fue respaldada por 130 votos a favor y 21 en contra y, para poder aplicarse, debe ser aprobada también por el Senado.
La norma apunta a entrar en vigencia a partir del 1 de septiembre, al inicio del próximo ciclo escolar. Además de limitar el acceso a redes sociales, el texto incorpora una medida complementaria: restringir el uso de teléfonos móviles en los institutos/liceos, ampliando el alcance de regulaciones anteriores dentro del sistema educativo francés.
Durante el debate parlamentario, una de las impulsoras del proyecto, la diputada oficialista Laure Miller, defendió la prohibición al sostener que “no se puede dejar que un niño tenga que gestionar algo adictivo por sí solo”, y advirtió sobre el rol de los algoritmos y la exposición a contenidos de riesgo. Desde la oposición de izquierda, en cambio, cuestionaron la viabilidad práctica de la medida y señalaron posibles vías para eludir los controles de edad.
El presidente Emmanuel Macron celebró el avance del proyecto y lo enmarcó como una política de protección a menores frente al impacto de las plataformas. “El cerebro de nuestros hijos no está en venta”, expresó en redes sociales, al reclamar reglas claras para limitar la influencia de los algoritmos en edades tempranas.
El Gobierno sostiene la iniciativa en base a informes sanitarios y educativos que alertan sobre efectos negativos vinculados a las redes sociales en adolescentes: desde alteraciones del sueño y ciberacoso, hasta una mayor exposición a contenidos dañinos. En paralelo, el texto deberá ajustarse al marco europeo, especialmente a las obligaciones del Reglamento de Servicios Digitales (DSA), para evitar conflictos normativos.
