La central obrera pidió apartar a los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, cuestionó el fallo que reactivó 83 artículos de la reforma y reclamó la nulidad de esa resolución. También advirtió que, si no prospera su planteo, llevará el caso a la Corte, la OIT y la CIDH.
Buenos Aires, 27 de abril de 2026. La CGT presentó una recusación contra los camaristas Víctor Arturo Pesino y María Dora González, integrantes de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, luego de que ambos dejaran sin efecto la cautelar que mantenía frenada parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno nacional. A través de su abogado Pablo Topet, la central también pidió que se declare la nulidad del fallo que volvió a poner en vigencia 83 artículos de la norma.
En su presentación, la conducción sindical sostuvo que los magistrados prejuzgaron al resolver y afirmó que “la resolución carece de todo fundamento”. El punto más sensible del planteo se concentró sobre Pesino: la CGT remarcó que, un día después de la sentencia, el Gobierno activó el trámite para que el juez continúe cinco años más en su cargo, pese a que está próximo a cumplir 75 años, la edad límite prevista por la Constitución para el ejercicio de la magistratura sin un nuevo acuerdo.
El conflicto se originó después de que la Cámara modificara el efecto del recurso presentado por el Estado nacional y le otorgara carácter suspensivo, lo que en los hechos restituyó la vigencia de los artículos que el juez Raúl Horacio Ojeda había dejado en pausa. Según la argumentación judicial difundida en la causa, la decisión se apoyó en el artículo 13, inciso 3, de la Ley 26.854, que regula las medidas cautelares contra el Estado.
Desde la central obrera señalaron además que la intervención de la Sala VIII fue improcedente y cuestionaron que la resolución se hubiera dictado sin darle a la CGT la posibilidad de expedirse previamente. En ese marco, el escrito insistió en que los derechos en discusión tienen “naturaleza alimentaria” y que no podía descartarse la condición de vulnerabilidad de los trabajadores alcanzados por la reforma.
La disputa judicial se mantiene abierta. Mientras el oficialismo logró que vuelvan a regir los artículos suspendidos, la CGT ratificó que seguirá el expediente por todas las vías disponibles: reiteró el caso federal para llegar a la Corte Suprema y anticipó que también recurrirá ante la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
