Al cumplirse un año de prisión domiciliaria, los abogados de la exmandataria lograron que el juez de ejecución declarara admisible la apelación. La Cámara Federal de Casación deberá resolver si se modifican las condiciones de su arresto en Constitución.
La defensa de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a la carga ante la Justicia para pedir que le quiten la tobillera electrónica, que se flexibilice el régimen de visitas y que se levanten las restricciones sobre el uso de la terraza del edificio donde cumple prisión domiciliaria, en San José 1111, barrio de Constitución. Esta vez, el reclamo fue declarado admisible y el expediente quedó elevado a la Cámara Federal de Casación Penal, que deberá decidir el fondo de la cuestión.
El juez de ejecución de la condena del Tribunal Oral Federal N° 2 (TOF2), Rodrigo Giménez Uriburu, había rechazado el 5 de junio pasado tres pedidos formulados por los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy: retirar la tobillera, modificar el régimen de visitas actual y levantar las restricciones de acceso a la terraza, fijadas en dos horas por día. Sin embargo, esta semana el mismo magistrado declaró formalmente admisible el recurso de casación presentado por la defensa y ordenó elevar el expediente a la instancia superior.
Los argumentos de la defensa
Los letrados sostienen que el uso de tobillera electrónica es excepcional en la práctica judicial argentina, citando datos del Consejo de la Magistratura que demostrarían que el dispositivo se impone a una minoría de quienes cumplen arresto domiciliario, lo que colocaría a su clienta en una situación más severa que la amplia mayoría de los condenados en iguales condiciones. Asimismo, descartaron que exista riesgo de fuga que justifique mantener la medida.
En cuanto a las visitas, la defensa planteó lo que calificó como una «situación paradojal»: un presunto incumplimiento —la reunión simultánea con nueve economistas en noviembre pasado— derivó en un endurecimiento del régimen, pero el cumplimiento estricto de todas las obligaciones durante un año no produjo efecto alguno. También invocaron el principio de progresividad contemplado en la Ley de Ejecución Penal 24.660 y señalaron que la conducta de la exmandataria durante su primer año de detención fue «irreprochable».
Sobre el impacto en el barrio, los abogados argumentaron que los propios vecinos del edificio no registran quejas por las visitas que recibe la exmandataria.
El historial del caso
CFK está detenida bajo arresto domiciliario desde el 17 de junio de 2025, condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta en la causa Vialidad. El régimen de visitas vigente —establecido tras el escándalo de noviembre pasado— le permite recibir visitas dos días a la semana, por dos horas diarias y con un máximo de tres personas por encuentro.
Esta no es la primera vez que la defensa recurre este esquema. La Casación ya rechazó planteos similares en febrero de 2026, ratificando tanto la tobillera como las restricciones. La Corte Suprema también desestimó un recurso anterior, aunque por razones formales. Ahora, con una nueva apelación declarada admisible, el máximo tribunal penal federal del país tendrá que volver a pronunciarse sobre el fondo del asunto.
