Cáritas y comisiones episcopales difundieron una carta abierta a legisladores y advirtieron que reducir la edad de imputabilidad no garantiza menos criminalidad y puede implicar retrocesos en derechos. Propusieron un enfoque preventivo y justicia restaurativa.
La Iglesia Católica volvió a pronunciarse contra la iniciativa de bajar la edad de imputabilidad en el marco del debate por un nuevo Régimen Penal Juvenil que el Gobierno incluyó en el temario de sesiones extraordinarias del Congreso.
A través de una carta abierta dirigida a legisladores nacionales, firmada por Cáritas Argentina y las Comisiones Episcopales de Pastoral Carcelaria y Social, el documento sostuvo la consigna: “Bajar la edad no baja el delito. Más educación, más oportunidades, más esperanza”.
En el texto, la Iglesia afirmó que reducir la edad de imputabilidad sería un retroceso en materia de derechos humanos y cuestionó que la reforma habilite la intervención penal y la privación de libertad de niñas, niños y adolescentes, con riesgos en materia de debido proceso y posibles medidas de internación extensas. También alertó por un “alto grado de arbitrariedad” al combinar criterios de salud mental con pronósticos criminológicos, y advirtió que la propuesta podría aplicar reglas del derecho penal adulto sin garantizar una defensa técnica verdaderamente especializada.
Sobre la discusión de fondo, la carta planteó que la reforma no necesariamente se corresponde con un aumento de delitos juveniles. En ese marco, citó datos que ubican la participación de adolescentes de 12 a 17 años en procesos penales como muy baja y señaló que la mayoría de los hechos atribuidos a ese grupo son delitos contra la propiedad, mientras que los delitos graves serían excepcionales.
En el plano social, la Iglesia sostuvo que “los adolescentes y jóvenes no son una amenaza, sino presente y esperanza”, y expresó preocupación por el impacto cultural de instalar en el imaginario colectivo que niños y adolescentes son peligrosos, mientras otras amenazas —como el narcotráfico— siguen operando con altos niveles de impunidad.
Como alternativa, propuso un enfoque preventivo: que la intervención penal sea la última respuesta, que los menores de 16 años sean abordados desde Juzgados de Familia y el sistema de protección de derechos, y que se refuercen políticas públicas orientadas a salud mental, adicciones y acompañamiento comunitario. Para adolescentes mayores de 16 años en delitos graves, mencionó la justicia restaurativa como herramienta para disminuir la reincidencia.
