La iniciativa del diputado mendocino Lisandro Nieri propone un marco legal para que personas con enfermedades graves puedan acceder a una muerte médicamente asistida, gratuita y garantizada en hospitales públicos y privados.
La Unión Cívica Radical (UCR) presentó en la Cámara de Diputados de la Nación un proyecto de ley para regular la eutanasia y la muerte médicamente asistida en Argentina, retomando el debate sobre la llamada “muerte digna” y la autonomía de los pacientes frente a enfermedades irreversibles.
La iniciativa es impulsada por el diputado mendocino Lisandro Nieri y acompañada por los legisladores radicales Pamela Verasay, Karina Banfi, Atilio Benedetti, Fabio Quetglas y Martín Tetaz. El objetivo es crear un marco legal claro que permita a personas con enfermedades graves, crónicas e incurables o padecimientos crónicos y limitantes solicitar ayuda médica para morir, bajo estrictos requisitos, controles y garantías.
El proyecto llega pocas semanas después de que Uruguay se convirtiera en el primer país de América Latina en legalizar la eutanasia, y se inspira también en experiencias de países como España y Canadá, donde la muerte asistida ya se encuentra regulada en contextos éticos y médicos controlados.
Quiénes podrían pedir la eutanasia
Según el texto, toda persona adulta que padezca una enfermedad grave, crónica o incurable podrá requerir la prestación de ayuda para morir. El pedido deberá realizarse en dos ocasiones, de manera voluntaria, por escrito y con una separación mínima de quince días entre cada solicitud.
El proyecto refuerza la idea de consentimiento informado y establece que la persona podrá revocar la decisión en cualquier momento, sin necesidad de trámites complejos ni demoras. Además, contempla que mayores de 16 años y personas con capacidades restringidas también puedan ejercer este derecho, bajo condiciones y salvaguardas específicas.
La ley prevé la creación de una Comisión Médica de Asistencia y Evaluación en cada jurisdicción. Esta instancia, integrada por profesionales de la salud y un jurista especializado, deberá analizar la historia clínica, entrevistarse con el solicitante y emitir un dictamen en un plazo máximo de cinco días. Si el dictamen es negativo, la persona tendrá derecho a una revisión por el pleno de la comisión.
Una vez aprobado el pedido, la prestación de eutanasia o muerte asistida deberá realizarse en un máximo de diez días, ya sea de manera directa por un profesional o mediante autoadministración supervisada.
Obligación de cobertura y objeción de conciencia
Uno de los puntos centrales del proyecto es que la práctica de eutanasia y muerte asistida será gratuita y deberá estar garantizada por todo el sistema de salud, tanto público como privado, que estará obligado a cubrir los costos.
Al mismo tiempo, se reconoce el derecho del personal sanitario a ejercer la objeción de conciencia, siempre que se manifieste por escrito y de forma anticipada. Sin embargo, esta objeción no podrá impedir ni retrasar el acceso del paciente a la práctica.
Si en un establecimiento todos los profesionales se declaran objetores, la institución estará obligada a derivar al paciente a otro centro de similares características y hacerse cargo de los costos de traslado y gestión, para garantizar el acceso efectivo a la muerte digna.
Cambios en el Código Penal y respaldo a los médicos
El proyecto propone incorporar los artículos 83 bis y 83 ter al Código Penal argentino, con dos ejes clave:
- Excluir la responsabilidad penal de los profesionales que actúen conforme a los procedimientos establecidos por la ley.
- Sancionar a quienes dilaten, obstaculicen o nieguen injustificadamente el acceso a la práctica de eutanasia o muerte asistida.
La muerte producida bajo este procedimiento será considerada legalmente como “muerte natural”, lo que busca dar seguridad jurídica tanto a pacientes como a equipos médicos.
“Decidir el final de la vida en condiciones de dignidad”
Durante la presentación del proyecto, Lisandro Nieri subrayó que la propuesta apunta a garantizar que “cada persona pueda decidir sobre el final de su vida en condiciones de dignidad, sin prolongar sufrimientos innecesarios”.
El texto retoma los principios de la Ley de Derechos del Paciente (N° 26.529) y la Ley de Muerte Digna (N° 26.742), normas que consagran la autonomía de la voluntad y el derecho a rechazar tratamientos que prolonguen artificialmente la vida.
Además, se menciona que la jurisprudencia argentina ya viene reconociendo el derecho a la autodeterminación sanitaria y a la dignidad en el final de la vida, a partir de casos emblemáticos como Bahamondez (1993), Albarracini Nieves (2012) y M.A.D. (2021).
Desde la mirada de sus impulsores, regular la eutanasia no significa “promover la muerte”, sino humanizar el final de la vida y responder a una demanda social y profesional que viene creciendo en los últimos años.
