La acusada, una mujer de 27 años, por cometer la usurpación, deberá reparar económicamente a las víctimas y realizar tareas comunitarias.
Este sábado 22 de junio se llevó a cabo una audiencia que tuvo como objeto tratar una suspensión de juicio a prueba planteado por la defensa de la imputada (se le formularon cargos), prestando su conformidad tanto las víctimas como el Ministerio Fiscal.
En el caso intervino la Unidad Fiscal de Usurpaciones, Estafas y Cibercriminalidad I, a cargo de Carmen Reuter, quien fue representada por la auxiliar de fiscal María Paula Bellomio.
Para arribar a esta salida alternativa, la acusada deberá efectuar una reparación económica de $ 15.000, efectuar tareas comunitarias en la «Asociación Civil por los Niños, Ancianos y Necesitados» de barrio Oeste II y cumplir con una serie de reglas de conducta.
Según la acusación, en la madrugada del 20 de junio pasado, la acusada y otro sujeto no identificado irrumpieron en una vivienda ubicada en el barrio 76 Viviendas de la Capital. Cuando los propietarios se enteraron, dieron aviso al personal policial, quienes intentaron que estas personas se retiren voluntariamente de la propiedad, sin lograr su cometido.
Ante esta situación, el MPF requirió una orden de allanamiento y detención para las personas que se encontraban ocupando ese domicilio, la que se hizo efectiva horas después.
