El gobierno de la provincia revela el listado detallado de reparticiones donde se detectaron empleados públicos cobrando de manera indebida el plan «Potenciar Trabajo», desencadenando una investigación que ha llevado a la baja de 230 empleados y a la intimación de cientos más. El escándalo involucra a diversas áreas gubernamentales, con descargos presentados y sumarios administrativos en curso.
En el marco de una investigación impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo, el Gobierno ha expuesto la magnitud de las irregularidades en el cobro del plan «Potenciar Trabajo» por parte de empleados públicos. La Casa de Gobierno ha publicado un listado detallado de las reparticiones afectadas, revelando la extensión del escándalo.
Dentro de las reparticiones afectadas se encuentran 238 empleados de comunas, 126 de municipios, 24 de Desarrollo Social, 68 de Seguridad, 63 de Salud, 163 de Educación, 3 de Gobierno, 40 de Obras Públicas, 3 de Economía y 4 de la Secretaría General de la Gobernación. Este extenso listado ha llevado a la intimación de 726 empleados para que aclaren su situación, mientras que 19 ya han sido desvinculados por diversas circunstancias.
El proceso de investigación también ha revelado que de los 707 empleados activos intimados, 349 han presentado descargos en la Dirección de Recursos Humanos. A partir del 22 de enero, se ha iniciado un sumario administrativo a 49 empleados de la Administración Central y a empleados descentralizados, entes autárquicos, comunas y municipios.
En el ámbito policial y penitenciario, los descargos fueron remitidos al ministro de Seguridad, Eugenio Agüero Gamboa, con 64 respuestas recibidas hasta el momento. En el sector educativo, se identificaron 70 docentes y 93 no docentes entre los afectados. El plazo para presentar descargos por parte de los docentes ya ha vencido, mientras que los sumarios para los no docentes se han iniciado esta semana.
La medida de investigación tuvo su origen en información proporcionada por el Gobierno al fiscal Guillermo Marijuan, quien, en el marco de la investigación preliminar, detectó irregularidades en 956 agentes de la Administración Pública local. Como consecuencia, el Gobierno Nacional ha suspendido el cobro del plan «Potenciar Trabajo» para los involucrados hasta que se determine la eventual incompatibilidad. La normativa detallada del programa incluye especificaciones sobre la compatibilidad entre el empleo formal y la asignación del plan, subrayando la importancia de la transparencia y el cumplimiento de las normas en el uso de fondos públicos.
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