Lo dispuso la jueza del tribunal de impugnación, Julieta Casas, a favor de los imputados, de 39 y de 40 años. Al igual que otros dos implicados estarán con arresto domiciliario hasta el 26 de abril, tal lo ordenado en audiencia del 22 de marzo. En tanto, un quinto permanecerá en libertad.
Este jueves tuvo lugar una audiencia de impugnación en razón a lo resuelto el 22 de marzo contra los cinco empleados policiales, acusados por el delito de instigación a cometer sedición en calidad de coautores.
Por expresas instrucciones de la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Complejos del Ministerio Público Fiscal, Mariana Rivadeneira, la auxiliar de fiscal, Brenda Deroy, se refirió a la interposición del recurso para tres de los cinco imputados (dos con arresto domiciliario y uno en libertad, respectivamente).
“Como adelanté, durante esa audiencia, hemos pedido (al juez Alejandro Valeros) que se interprete de manera armónica con el inicio de la investigación y los avances que se iban informando. Sostuvimos que por el riesgo de entorpecimiento y también de fuga (falta de arraigo) no era suficiente la medida de menor intensidad para ninguno de ellos. Al ser titulares de las líneas conocían el contenido y podían entorpecer el avance. El mismo juez declaró la causa compleja por la cantidad de imputados y, sin embargo, no unificó plazos. A los primeros se les dictó prisión preventiva por 60 días (audiencia del 27 de febrero) y, en esta oportunidad, sólo 35 (para que coincidan los vencimientos). En ambos habíamos pedido por el término de 90 días porque el análisis de los datos no es sólo para la extracción sino también para la elaboración del informe (con fechas independientes) y las medidas pendientes. Sostenemos que, en libertad, al conocer los dispositivos, pueden truncar la investigación”, afirmó Deroy.
Tal planteo fue acompañado por la querella (en representación del Gobierno de la provincia). “En uno de los mensajes se hizo alusión a lo sucedido en 2013 que impactó en la sociedad tucumana y no podemos dejar pasar eso. Solicitamos que sea tenido en cuenta como valoración para que se haga efectiva la medida de mayor intensidad (prisión preventiva)”, añadió el letrado.
Lo resuelto
Luego de un cuarto intermedio, la jueza Julieta Casas no hizo lugar a la procedencia de lo solicitado por el MPF y la querella, pero sí al planteo de las defensas de dos de los imputados (de 39 y de 40 años), quienes se encontraban con prisión preventiva (uno bajo la modalidad de arresto domiciliario –por dengue-). Por lo tanto, la magistrada resolvió darles el arresto domiciliario, con dispositivos electrónicos, y confirmar tal medida para los otros dos (de 27 y de 46 años).
“Le asiste razón a los defensores que el juez no funda de manera necesaria los riesgos procesales. El magistrado lo hace en circunstancia de los acontecimientos de 2013. Es excesiva y desproporcionada la prisión preventiva. La medida de arresto domiciliario es proporcional y permite a la vez cautelar el proceso”, expuso la jueza y añadió que el plazo, de 35 días (con vencimiento el 26 de abril), resulta conveniente. En tanto, un quinto (de 52 años) permanecerá en libertad.
La teoría del caso
Entre el 29 de enero y 25 de febrero del corriente año, tras publicaciones hechas en tik tok y youtube por un letrado imputado en la causa, los nuevo cinco imputados (con prestación de servicios en Comisaría VII; como personal transitorio en el Distrito Urbano de Prevención IV; en la División de Patrulla de Las Talitas; con disponibilidad situación y con prestación de servicios en la Dirección General de Prevención Ciudadana) junto a otros efectivos crearon un grupo de whatsapp denominado “Sueldo Policial 2024”, llegando a superar los mil integrantes donde a través de su disconformidad, se instigaba al acuartelamiento para incitar a otros de cometer el delito de sedición, en tanto invitaban a sus compañeros a hacer huelga.
