La Unidad Fiscal de Estafas y Usurpaciones del MPF imputó a la dueña de la vivienda, ubicada en avenida Silvano Bores al 300. Restitución provisoria del inmueble a las víctimas, cuyo contrato de locación vencía recién en octubre de 2025.
La Unidad Fiscal Especializada en Estafas y Usurpaciones del MPF, llevó adelante este miércoles 17 de abril una audiencia de formalización de cargos donde se imputó a una mujer de 29 años, el delito de usurpación de propiedad por despojo, en calidad de coautora. El hecho ocurrió el 12 de enero de este año en el barrio privado ubicado en avenida Silvano Bores al 300 de esta ciudad capital. Ese día, la mujer y quien sería su pareja (no compareció a la audiencia y se dictó en su contra la rebeldía), aprovechando que la vivienda se encontraba sin habitantes y con la colaboración de otros dos (quienes serían cerrajeros) rompieron la cerradura de la puerta e ingresaron, impidiendo con su accionar que los inquilinos del inmueble pueda continuar en posesión (cuyo contrato de alquiler vence en octubre de 2025).
Al mencionar el primer punto, la auxiliar de fiscal, María Paula Bellomio, dijo: “Queda claro que las víctimas estaban en posesión del inmueble y que se han constituido medios comisivos, en este caso, violencia sobre la cerradura para despojarlos hasta la actualidad”. Como segundo punto, la representante del MPF pidió que se restituya a la situación anterior que se encontraba el conflicto como consecuencia de este hecho delictivo. “Quedó demostrado que las víctimas salieron a trabajar y que cerraron la propiedad con sus propias llaves. Tanto el administrador, portero y vecinos han visto a los acusados forzar y cambiar la cerradura. El querer hacer daño a los animales puede también ser visto como una señal de amedrentamiento. Hay un perjuicio no sólo económico sino de necesidad de vivienda. Ante la expulsión se corre riesgo de que personas de buena fe puedan verse afectadas, lo que complicaría más la situación de las víctimas. No hubo ningún tipo de denuncias que estaban incumpliendo las reglas del barrio o de los pagos”, afirmó Bellomio.
Tal planteo fue acompañado por la querella. A su vez, se ordenaron para la mujer medidas de menor intensidad por seis meses, con restricción de acercamiento (no menor a 200 metros). Finalmente, la jueza interviniente dispuso tener por formulados los cargos y hacer lugar al pedido de la Fiscalía para que se haga entrega de la posesión del inmueble a las víctimas. “En caso de no lograrse la apertura de los candados colocados , operación a llevarse a cabo mañana 18 de abril, junto con el relevamiento y registro del inmueble, se ordena el ingreso de la fuerza pública para el allanamiento y rotura de los mismos”, señaló la magistrada actuante.
La teoría del caso
Las víctimas desde noviembre de 2022 hasta el día 12 de enero del corriente año se encontraban en posesión de la vivienda ubicada en el barrio privado sito en avenida Silvano Bores al 300 de la ciudad de San Miguel de Tucumán en calidad de locatarios. En esas circunstancias, en horas de la mañana la imputada y su pareja junto a dos personas sin identificar hasta el momento (uno de ellos sería cerrajero), aprovechando que se encontraba circunstancialmente sin moradores (estaban trabajando), con conocimiento que no tenían derecho a ingresar al inmueble y con la finalidad de evitar que los damnificados continúen en posesión, rompieron la cerradura de la puerta de ingreso a la vivienda, entraron y sacaron las pertenencias de las víctimas. Posteriormente, cambiaron la cerradura de la puerta de entrada y de una puerta de reja, impidiendo de ese modo que los damnificados continúen en posesión de la misma, manteniéndose en esa situación hasta la actualidad.
