El jefe de Gabinete solicitó su incorporación al régimen simplificado de Ganancias habilitado por la Ley 27.799 —la misma que impulsó su propio gobierno—, diez días después de que su esposa, Bettina Angeletti, hiciera el mismo trámite. El movimiento ocurre mientras la Justicia lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.
El jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni, formalizó este miércoles ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) su solicitud de adhesión al régimen de «Ganancias Simplificada Ley 27.799», conocido como Régimen de Inocencia Fiscal, para el período fiscal 2025. El trámite quedó registrado en los sistemas oficiales de ARCA y fue confirmado por constancias públicas.
El movimiento se produce en un momento de alta exposición para el funcionario: el fiscal federal Gerardo Pollicita analiza su situación patrimonial en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito, tras detectarse que a lo largo de 2025 Adorni habría afrontado gastos de casi un millón de dólares contando con un ingreso oficial de aproximadamente 3 millones de pesos mensuales. Entre las operaciones bajo la lupa figuran la compra y refacción de una vivienda en el country Indio Cuá y un departamento en el barrio porteño de Caballito.
La adhesión al régimen simplificado llega diez días después de que su esposa, Bettina Angeletti, realizara el mismo trámite —el 31 de mayo pasado—. Ambos integran el listado oficial de Personas Políticamente Expuestas (PEP). La proximidad de los movimientos fue observada por los investigadores judiciales como parte de un ordenamiento fiscal integral del grupo familiar, según trascendió de fuentes tribunalicias.
«No vamos a entrar en ningún blanqueo»
Desde el entorno del jefe de Gabinete salieron al cruce de las críticas y buscaron marcar diferencias entre los distintos componentes de la ley. Según consignó el diario Clarín, Adorni les habría dicho a sus colaboradores: «Bettina y yo no vamos a entrar en ningún blanqueo».
Su entorno explicó que la Inocencia Fiscal y el Régimen Simplificado de Ganancias son dos herramientas distintas. Definieron a la primera como «el nuevo esquema impulsado por el Gobierno para reformar el régimen penal tributario, que apunta a que ARCA concentre sus esfuerzos en perseguir a los grandes evasores». Y al régimen simplificado de DDJJ como «un mecanismo diseñado para facilitar la presentación de las declaraciones juradas anuales, donde ARCA confecciona una pre declaración jurada y el contribuyente solo debe prestar su conformidad».
No obstante, según precisó el medio Minuto Uno, este esquema no obliga a los contribuyentes a informar consumos ni patrimonio correspondientes al período fiscal 2025. Además, si bien permite evitar sanciones penales por incumplimientos tributarios anteriores, no ampara frente a investigaciones por enriquecimiento ilícito o lavado de activos.
La oposición, en pie de guerra
Las críticas no tardaron en multiplicarse. El diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) fue directo en sus redes: «ADORNI NOS TOMA DE BOLUDOS A TODOS LOS ARGENTINOS», escribió, y había comparado previamente a Bettina Angeletti con el empresario Lázaro Báez, condenado por corrupción.
El exdiputado salteño Pablo Kosiner sostuvo que el trámite implica «una admisión implícita de haber falseado u ocultado en las declaraciones juradas que los funcionarios están obligados a presentar por su cargo».
La diputada Graciela Ocaña recordó los debates previos a la aprobación de la ley y advirtió: «¿Se acuerdan cuando se debatía la aprobación del régimen de inocencia fiscal porque muchos decían que algunos iban a blanquear dinero de la delincuencia? Bueno… al final, la casta eran ellos».
El diputado Itai Hagman, por su parte, rescató un video del propio Adorni en conferencia de prensa, donde el entonces vocero defendía el régimen con la frase: «Con el nuevo esquema, lo tuyo es tuyo. Tus dólares, tu decisión». Hagman escribió: «El tipo hablaba para el living de su casa».
El análisis técnico: el problema no es fiscal, es penal
La voz más técnica del debate fue la de María Eugenia Talerico, ex número dos de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri. Talerico fue taxativa al señalar que el problema de Adorni trasciende lo tributario:
«El caso Adorni no es un problema de evasión fiscal. En el caso de Adorni el crecimiento patrimonial exponencial de él y su mujer ocurre desde que asumió la función pública. No son ingresos privados que no declaró antes, son ingresos generados mientras ejerce un cargo público. Y eso no lo puede legitimar ningún régimen fiscal».
La exfuncionaria enumeró los delitos que, a su criterio, podrían estar en juego: «enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, lavado de activos». Y agregó que la actividad de la consultora de Angeletti resulta «parte indispensable del análisis», ya que según las fuentes de ingreso que allí se registren, «la autoría mediata de esos posibles delitos recaería sobre Adorni».
La declaración jurada de Adorni ante la Oficina Anticorrupción aún no fue presentada. Desde su entorno reconocen demoras, aunque aseguran que faltan «solo detalles» para completarla.
