Este jueves, en el Tribunal Oral Federal N°7 (TOF 7), ha dado inicio el juicio oral por la causa conocida como Los cuadernos de las coimas, que está siendo considerada como el mayor caso de corrupción en la historia argentina. Según el auto de elevación a juicio y la información judicial disponible, el número de imputados alcanza los 87 personas, entre exfuncionarios, choferes y empresarios.
El universo de imputados incluye figuras políticas prominentes: la ex-presidenta Cristina Fernández de Kirchner (CFK), el exministro de Planificación Julio De Vido, el ex funcionario Roberto Baratta, el ex secretario de Obras Públicas José López, entre otros que habrían integrado una asociación ilícita destinada al cobro sistemático de coimas durante los años 2003 a 2015. En el plano empresarial, la acusación incluye al menos 65 empresarios, entre ellos figuras como Ángelo Calcaterra y Carlos Wagner, empresas ligadas a la obra pública, concesiones y grandes contratos con el Estado.
El proceso se inicia con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio de la causa principal —expediente 9608/2018— junto con tres causas conexas vinculadas al lavado de dinero, cartelización de obra pública y similares delitos. En este contexto, la figura de conducta que se investiga reza sobre la “asociación ilícita”, el “cohecho pasivo” para los funcionarios y “cohecho activo” para los empresarios, así como la “admisión de dádivas” en algunos casos.
El tribunal integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli (y el suplente Néstor Costabel) es el encargado de llevar adelante el juicio que tendrá modalidad virtual, debido al volumen del proceso: más de 600 testigos propuestos, decenas de imputados, defensas, querellas y un fuerte interés público.
La causa se originó a partir del testimonio del chofer Oscar Centeno, quien registraba en cuadernos los traslados de bolsos, entregas de dinero y movimientos vinculados al pago de coimas para adjudicaciones de obra pública durante el período señalado. Se considera que seis de los ocho cuadernos originales están en manos de la Justicia, y dos aún continúan desaparecidos o sin aparecer.
Entre los detalles más destacados del proceso están los siguientes:
- Los 87 imputados se distribuyen en 19 exfuncionarios, 2 choferes vinculados al servicio de traslados de los funcionarios y 65 empresarios.
- La fiscalía a cargo es la de Fabiana León, que junto al fiscal coayuvante Nicolás Codromaz y los auxiliares Guido Ambrosio y Claudio Nimis representan al Ministerio Público Fiscal. La querella está a cargo de la Unidad de Información Financiera (UIF) y su titular, el fiscal Paul Starc.
- Durante el primer tramo del juicio, las audiencias se realizarán de modo virtual y se transmitirán a través del canal de YouTube de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conforme lo comunicó el tribunal.
- Se estima que las responsabilidades penales de los funcionarios incluyen: para un jefe u organizador de asociación ilícita, una pena mínima de cinco años; para cohecho activo, una pena que puede variar entre uno y seis años. También se evalúan reducciones de penas para los arrepentidos o colaboradores.
- Por ejemplo, CFK está imputada como “jefa de una asociación ilícita, coautora de 204 cohechos pasivos y partícipe necesaria de un cohecho pasivo”. Julio De Vido está imputado como “organizador de asociación ilícita, coautor de 187 cohechos pasivos y coautor de una admisión de dádivas”. Roberto Baratta figura como “organizador de asociación ilícita, autor de 19 cohechos pasivos, coautor de 86 cohechos pasivos, autor de ocho admisiones de dádivas y coautor de una admisión de dádivas”.
- Entre los empresarios, Ángelo Calcaterra está imputado como “autor de 16 cohechos activos y coautor de cuatro cohechos activos”; Aldo Benito Roggio como “autor de tres cohechos activos y coautor de doce cohechos activos”; Enrique Menotti Pescarmona como autor de trece cohechos activos; Armando Roberto Loson como autor de diez cohechos activos.
- Varios de los empresarios optaron por la figura del arrepentido o colaborador, suscribiendo acuerdos bajo la ley 27.304 que prevé beneficios si colaboran con la Justicia.
- En las últimas semanas, algunos de los imputados presentaron ofertas bajo la modalidad de “reparación integral” para evitar el juicio, proponiendo desembolsar sumas millonarias o bienes estratégicos, lo que generó un debate sobre la legitimidad de este mecanismo: la UIF se pronunció en contra de aceptar que la reparación equivalga a impunidad.
El impacto público del juicio es amplio, ya que combina el del sistema político y el empresarial más relevante del país, toca la gestión de obras públicas, concesiones estatales, financieras y relaciones empresario-Estado en el periodo que abarca aproximadamente 2003-2015, con un entramado complejo de denuncias, testimonios y cuadernos manuscritos.
El desarrollo del juicio plantea varias claves de seguimiento:
- La virtualidad del proceso, que permitirá un acceso más amplio pero también un desafío para el manejo de audiencias múltiples y acusados numerosos.
- El papel de los arrepentidos y colaboradores, que aportan pruebas esenciales pero también generan tensión sobre el grado de privilegio que puedan alcanzar.
- La magnitud del entramado empresarial implicado y la variedad de delitos económicos y de corrupción que allí se investigan.
- La relevancia de los testigos (más de 600 propuestos) que deberán declarar, lo que amplía el tiempo y complejidad del proceso.
- La cuestión de la transmisión pública de audiencias, la transparencia del mecanismo y el derecho de defensa de los imputados.
- Finalmente, la eventual condena o absolución de figuras top del poder político argentino, lo que tendrá impacto en la percepción pública de la corrupción y de la Justicia en el país.
En un país donde la obra pública, las concesiones estatales y el financiamiento empresarial han sido objeto de intensos debates, este juicio “mega causa” se presenta como un hito histórico. Su seguimiento, decisiones y resultados serán observados con atención nacional e internacional.
En resumen: el juicio por los Cuadernos de las coimas comenzó en el TOF 7 con 87 imputados, entre ellos exfuncionarios de alto nivel y grandes empresarios. Se investigan delitos de asociación ilícita y coimas vinculadas a la obra pública, en un proceso que se desarrollará en modalidad virtual y con un volumen muy elevado de testigos, lo que lo convierte en un proceso judicial sin precedentes en Argentina.
