El Presidente oficializó por decreto una mejora salarial para ministros y altos cargos, que no incluye ni su propio sueldo ni el de Victoria Villarruel.
El Gobierno ata los salarios de la cúpula al resultado fiscal
El presidente Javier Milei oficializó mediante el Decreto 931/2025 un aumento de sueldos para ministros, secretarios, subsecretarios y otras autoridades superiores del Poder Ejecutivo Nacional. La medida, publicada en la primera edición del Boletín Oficial de 2026, llega luego de más de dos años con haberes congelados desde diciembre de 2023 y en medio de la discusión por el ajuste del gasto público.
Aunque en los días previos se habló de una recomposición que podía ubicarse entre el 60% y el 100%, el decreto no especificó los nuevos montos que percibirán los funcionarios. Sí aclaró que el incremento no será retroactivo y que quedan excluidos del aumento tanto Javier Milei como la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuyos salarios seguirán en los valores actuales.
Actualmente, el Presidente percibe un haber mensual de $4.066.018, la Vicepresidenta $3.764.820, los ministros $3.584.006, los secretarios $3.282.709 y los subsecretarios $2.981.510. El Gobierno sostiene que la actualización busca garantizar “remuneraciones adecuadas y competitivas” para quienes ocupan cargos de conducción superior del Estado, acordes a las responsabilidades que asumen.
El decreto incorpora además una cláusula de resguardo fiscal: si la Administración Pública Nacional registra déficit fiscal financiero acumulado, las remuneraciones de estas autoridades quedarán automáticamente congeladas y no podrán recibir nuevos incrementos mientras esa situación persista. El objetivo, según se indica, es “reafirmar la importancia del superávit fiscal” y vincular la mejora salarial a la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Desde la Casa Rosada remarcan que este “ordenamiento equitativo en la estructura salarial” forma parte de una estrategia de largo plazo para construir un Estado más eficiente y profesional, apoyado en mecanismos de control, transparencia y rendición de cuentas. La medida se inscribe en una etapa posterior al ajuste inicial del gasto público y apunta a dejar atrás un esquema de empleo estatal “poco transparente y sin incentivos adecuados”.
En paralelo, la norma instruye a la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública, dependiente del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a diseñar un nuevo sistema de empleo público basado en el mérito y en evaluaciones periódicas de desempeño, con el objetivo de fortalecer la igualdad de oportunidades y la profesionalización dentro de la administración nacional.
