A partir del 1 de enero más de dos decenas de organizaciones humanitarias deberán dejar de operar en el enclave palestino y advierten un impacto crítico en la ayuda para la población.
Nuevas reglas para las ONG y más presión sobre la ayuda humanitaria
El gobierno de Benjamín Netanyahu confirmó que, desde el 1 de enero, Israel revocará las licencias de más de 25 organizaciones humanitarias que trabajan en la Franja de Gaza, entre ellas Médicos Sin Fronteras (MSF) y Cáritas. La decisión implica que estas ONG ya no podrán ingresar personal ni materiales al enclave, y las que tienen oficinas en territorio israelí deberán retirarse antes del 1 de marzo.
El Ministerio de Asuntos de la Diáspora justificó la medida en un nuevo esquema de registro y evaluación que exige a las ONG entregar información detallada sobre su personal, financiamiento y operaciones, incluyendo listas del personal palestino que trabaja en Gaza. Israel sostiene que estas reglas buscan evitar que grupos armados se infiltren en los canales de ayuda.
Varias entidades, entre ellas el Consejo Noruego para Refugiados, CARE International, el Comité Internacional de Rescate y Oxfam, decidieron no entregar los listados completos de sus trabajadores locales, por temor a que se conviertan en blanco de ataques y por las leyes de protección de datos en Europa. Voceras humanitarias recordaron que cientos de trabajadores humanitarios fueron asesinados en Gaza desde el inicio de la guerra y advirtieron que compartir esa información podría poner aún más en riesgo a sus equipos.
Desde el lado israelí, las autoridades remarcan que las organizaciones afectadas representan una fracción del total de la ayuda que ingresa en Gaza y que la asistencia seguirá llegando a través de otras agencias autorizadas. Las ONG, en cambio, denuncian que las nuevas normas son arbitrarias, que abren la puerta a vetos políticos y que debilitan el principio de neutralidad humanitaria en plena crisis.
Estas organizaciones brindan servicios esenciales: desde distribución de alimentos y atención médica, hasta apoyo para personas con discapacidad, educación y programas de salud mental para una población que arrastra más de dos años de guerra y bombardeos. Para más de dos millones de habitantes de Gaza, el cierre o la reducción de estas operaciones puede significar aún menos acceso a agua potable, alimentos, medicamentos y contención psicológica.
Desacuerdo por la ayuda que entra a Gaza
La decisión de suspender licencias se da en medio de un fuerte cruce de cifras entre Israel, la ONU y las ONG sobre el volumen real de ayuda humanitaria que ingresa al territorio. El gobierno israelí sostiene que cumple con los compromisos del alto el fuego y que el flujo de camiones mejoró en los últimos meses.
Sin embargo, organismos internacionales insisten en que la asistencia sigue siendo insuficiente frente a los niveles de destrucción y necesidad. Aunque se declaró el fin de la hambruna más extrema, la inseguridad alimentaria sigue siendo crítica, con altos índices de desnutrición y enfermedades asociadas, en un contexto de infraestructura devastada.
En este escenario, voces de la comunidad internacional alertan que cualquier medida que limite la presencia de ONG en Gaza puede agravar la crisis humanitaria justo cuando el territorio intenta estabilizar el acceso a alimentos, medicamentos y servicios básicos como hospitales y escuelas.
Israel endurece su ofensiva política contra la UNRWA
En paralelo, el Parlamento israelí aprobó una reforma que retira la inmunidad a la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y habilita la expropiación de sus instalaciones en Jerusalén Este, además de permitir el corte de servicios esenciales, telecomunicaciones y operaciones bancarias vinculadas al organismo.
La UNRWA, que asiste a millones de refugiados palestinos en la región con servicios de salud, educación y ayuda alimentaria, calificó la medida como “ilegal” y contraria al derecho internacional, al considerar que viola las protecciones que la ONU tiene en los Estados miembro.
Organizaciones de derechos humanos advierten que la combinación del cierre de ONG en Gaza y la presión sobre la UNRWA aumenta la incertidumbre sobre quién garantizará, en los hechos, la ayuda humanitaria y la protección básica de la población palestina en los próximos meses.
