La Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó un paro general de 24 horas que se llevará a cabo el día en que la Cámara de Diputados de la Nación Argentina trate el proyecto de reforma laboral. La decisión fue adoptada por unanimidad en una reunión virtual del Consejo Directivo de la central obrera, convocada de urgencia ante la posibilidad de que la sesión se realice esta semana. La medida no incluirá movilización al Congreso y consistirá en una paralización total de actividades en todo el país.
La resolución se produjo en un contexto de creciente tensión entre la CGT y el gobierno del presidente Javier Milei. Se trata del cuarto paro general dispuesto por la central sindical durante la actual gestión. Según se informó, el triunvirato que conduce la organización también concurrirá a la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados, donde comenzará el tratamiento del texto que ya obtuvo media sanción en el Senado.
Uno de los factores determinantes para avanzar con la huelga fue la adhesión de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), el sindicato que nuclea a los choferes de colectivos. La participación del gremio que encabeza Roberto Fernández garantiza la paralización del transporte urbano y de media distancia, un elemento considerado estratégico por la dirigencia sindical. Desde la UTA señalaron que, como sindicato confederado, acompañarán la medida dispuesta por la CGT.
En la reunión del Consejo Directivo hubo planteos para que el paro incluyera una movilización al Congreso, como ocurrió en protestas anteriores. La propuesta fue impulsada por Octavio Argüello y contó con el respaldo de dirigentes como Sergio Palazzo y representantes de la UOM. Sin embargo, la conducción resolvió finalmente limitar la acción a una huelga general sin concentración callejera, priorizando el impacto de la paralización del transporte y de los servicios.
El alcance de la medida incluirá a los principales gremios del transporte. Confirmaron su adhesión la Unión Ferroviaria, La Fraternidad y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), que agrupa a camioneros, pilotos, aeronavegantes, marítimos, fluviales y trabajadores del subte, entre otros. La participación de estos sindicatos refuerza la expectativa de un fuerte impacto nacional durante la jornada de protesta.
El malestar sindical se profundizó tras la incorporación del artículo 44 en el proyecto aprobado por la Cámara Alta. Ese punto establece que, en casos de enfermedad o accidente no vinculados a la actividad laboral, el trabajador percibirá el 50% del salario, con la posibilidad de alcanzar el 75% si la situación no responde a una acción voluntaria ni a un riesgo previamente conocido. Desde la CGT sostienen que ese artículo no formó parte del debate original y que implica una modificación sustancial en el régimen de licencias.
En el oficialismo reconocieron diferencias internas respecto de ese punto y evalúan alternativas para su implementación. La senadora Patricia Bullrich señaló públicamente que el objetivo es evitar irregularidades vinculadas a certificados médicos, aunque dejó abierta la posibilidad de garantizar el salario pleno en situaciones de enfermedades graves. Mientras tanto, el Gobierno analiza eventuales ajustes en la reglamentación si la norma es sancionada.
La CGT anticipó además que analiza una estrategia judicial en caso de que la reforma sea aprobada. En un documento interno, la central manifestó su oposición integral al proyecto al considerar que vulnera principios constitucionales y tratados internacionales con jerarquía constitucional. También cuestionó que la iniciativa no haya sido debatida bajo un esquema tripartito con participación sindical, como recomienda la Organización Internacional del Trabajo.
La fecha exacta del paro dependerá del cronograma legislativo. Si la sesión se concreta esta semana, la huelga coincidirá con ese día; de lo contrario, se realizará cuando la Cámara Baja trate el proyecto en el recinto. La central obrera comunicará oficialmente la jornada definida una vez confirmada la convocatoria parlamentaria.
