La Dirección General Impositiva (DGI), a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), presentó una denuncia judicial contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) por presuntas irregularidades fiscales vinculadas al uso de facturas apócrifas y a la salida de fondos sin justificación documental. La presentación da inicio a una causa judicial independiente, surgida a partir de tareas específicas de fiscalización y análisis sistémico realizadas por el organismo recaudador.
Según consta en la denuncia, los organismos de control detectaron movimientos financieros que no contarían con respaldo suficiente, lo que habría permitido ocultar el destino final de los fondos y eludir los mecanismos habituales de fiscalización impositiva. El monto bajo análisis supera los 235 millones de pesos, aunque desde el ámbito judicial no descartan que la cifra pueda incrementarse a medida que avance la investigación y se incorporen nuevos elementos probatorios.
Fuentes judiciales indicaron que se trata de una causa nueva y no de una ampliación de expedientes previos. La denuncia fue impulsada tras un relevamiento detallado de operaciones consideradas inconsistentes desde el punto de vista fiscal, realizado por ARCA en el marco de sus funciones de control. Dicho análisis permitió identificar un conjunto de transacciones que no se corresponderían con prácticas comerciales habituales ni con parámetros razonables de contratación de servicios.
El caso se desarrolla, además, en un contexto de mayor supervisión institucional sobre la conducción de la AFA. En paralelo a esta causa judicial, la entidad enfrenta un proceso administrativo ante la Inspección General de Justicia (IGJ), que le solicitó la presentación de balances y documentación respaldatoria correspondiente a ejercicios anteriores, en el marco de sus atribuciones de fiscalización sobre asociaciones civiles.
De acuerdo con la denuncia, el eje de la presunta maniobra estaría centrado en al menos 15 sociedades comerciales que habrían recibido pagos millonarios por parte de la AFA por servicios que, según el informe oficial, no contarían con evidencia clara de haber sido efectivamente prestados. Entre las empresas mencionadas figuran firmas que, en los registros formales, se dedican a rubros como construcción, mantenimiento, consultoría y hotelería, aunque con perfiles operativos que no se condicen con los montos facturados.
El informe elaborado por la DGI advierte que varias de estas compañías presentan características típicas de firmas consideradas apócrifas: domicilios fiscales inexistentes o inaccesibles, ausencia de personal registrado, falta de bienes declarados y movimientos bancarios mínimos en relación con la facturación informada. Estos indicadores, según el organismo, refuerzan las sospechas sobre la veracidad de las operaciones declaradas.
Uno de los casos analizados en la presentación judicial es el de ID Constructora S.R.L., empresa que no pudo ser localizada en su domicilio fiscal declarado y que registra una marcada diferencia entre la facturación emitida y los movimientos bancarios acreditados. A pesar de haber facturado a la AFA trabajos de mantenimiento y reparación en distintos predios, la firma no contaría con capacidad operativa ni recursos humanos acordes al volumen de actividad declarado.
Situaciones similares se repiten en otras empresas incluidas en la denuncia, como Meroka S.R.L., Maxstore S.A. y Central Hotel S.R.L., cuyos perfiles fiscales y registros contables presentan inconsistencias relevantes. En algunos casos, las actividades principales declaradas ante los organismos de control no guardan relación directa con los servicios facturados a la entidad del fútbol argentino.
Desde el organismo recaudador señalaron que el esquema detectado podría haber sido utilizado para canalizar pagos sin documentación válida y desviar fondos por fuera del circuito formal. De comprobarse estas maniobras, se configuraría una infracción grave a la normativa tributaria vigente, con posibles derivaciones penales y administrativas.
