La Justicia ordenó 90 días de prisión preventiva para la mujer de 44 años acusada de haber asesinado a Cristian Gonzalo Ponce, de 26 años, tras una discusión ocurrida el pasado 31 de octubre en una vivienda de la zona sur de San Miguel de Tucumán.
El hecho, caratulado como homicidio agravado por el vínculo, ocurrió en el domicilio que la pareja compartía, ubicado en pasaje De la Madrid 900, próximo a avenida Jujuy al 3600. Según los primeros indicios, una discusión entre ambos terminó de forma violenta cuando la mujer tomó un arma blanca y hirió a Ponce en la ingle izquierda, alcanzando la región femoral.
El joven fue trasladado de urgencia al hospital Padilla, donde los médicos intentaron salvarle la vida, pero falleció horas después como consecuencia de una profusa hemorragia provocada por la herida.
Durante la audiencia realizada recientemente, el juez interviniente resolvió hacer lugar al pedido del Ministerio Fiscal y disponer que la imputada permanezca detenida por un plazo de 90 días, mientras se completan las medidas pendientes en la investigación.
El auxiliar de fiscal Alejandro Andole, en representación del titular de la Unidad Fiscal de Homicidios II, Carlos Sale, detalló que aún resta incorporar elementos clave para el esclarecimiento total del hecho. Entre las pruebas pendientes se encuentran el informe final de autopsia, declaraciones de testigos adicionales, pericias químicas, y los análisis técnicos de un teléfono celular y una camioneta Toyota Hilux presuntamente vinculados al caso.
Asimismo, la fiscalía dispuso el relevamiento de cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones del lugar del crimen, con el objetivo de reconstruir la secuencia de los acontecimientos y determinar con precisión cómo se desarrolló el episodio fatal.
Fuentes judiciales indicaron que la imputación se enmarca dentro de los delitos más graves del Código Penal Argentino, y que el vínculo entre víctima y acusada es un factor que agrava la calificación. En esta instancia procesal, la medida de prisión preventiva busca garantizar el normal desarrollo de la investigación, evitando riesgos de fuga o entorpecimiento del proceso.
El Ministerio Fiscal continuará trabajando en la recolección de pruebas periciales y testimoniales, a fin de reunir todos los elementos necesarios antes de requerir la elevación de la causa a juicio. Una vez finalizados los informes técnicos y las pericias ordenadas, se evaluará si la acusada deberá enfrentar un juicio oral y público.
El caso generó conmoción en el vecindario, donde ambos eran conocidos. La investigación busca esclarecer las circunstancias previas al ataque, los motivos de la discusión y si existían antecedentes de violencia en la relación.
