La investigación del fiscal federal Guillermo Marijuan reveló irregularidades en la asignación de beneficios del programa.
El Ministerio de Capital Humano, dirigido por Sandra Pettovello, anunció en la jornada del viernes la suspensión del pago a 4.588 beneficiarios del programa «Potenciar Trabajo». Según el comunicado oficial emitido por la cartera, la medida se tomó debido a la detección de «incompatibilidades para acceder a dicho plan» por parte de los beneficiarios en cuestión.
La investigación que llevó a esta decisión fue liderada por el fiscal federal Guillermo Marijuan, quien, mediante el entrecruzamiento de datos de la base de beneficiarios del programa «Potenciar Trabajo» y la nómina de empleados públicos de 13 provincias, identificó las incompatibilidades. Estas afectan a personas ubicadas en Mendoza, Misiones, Entre Ríos, Tucumán, Río Negro, Jujuy, Provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Corrientes, Formosa, Salta y Santa Cruz.
En una conferencia de prensa, el portavoz presidencial Manuel Adorni confirmó que el Gobierno Nacional ha iniciado una auditoría en todos los planes «Potenciar Trabajo» para detectar irregularidades, indicando que, según investigaciones judiciales, podrían existir hasta 160 mil casos con irregularidades diversas.
El fiscal Guillermo Marijuan indaga supuestas defraudaciones en la asignación de beneficios del programa «Potenciar Trabajo», destacando que más de 8.000 empleados públicos en diez provincias perciben el plan, lo cual es incompatible con las normativas del programa. La fiscalía ya ha identificado 8.535 casos de irregularidades y ha solicitado la suspensión o baja del beneficio en los casos detectados.
Esta investigación preliminar busca determinar posibles delitos de «violación de deberes» de funcionario público por omisión de controlar y «defraudación». Marijuan ya presentó una denuncia penal que tramita en el juzgado federal de María Servini, involucrando a posibles responsables del control en la adjudicación de planes sociales.
El fiscal también ha solicitado la investigación de presuntas conductas ilícitas llevadas a cabo por aquellos funcionarios responsables del otorgamiento y/o control del Programa «Potenciar Trabajo», enmarcando estas acciones como posibles violaciones de los deberes de funcionario público.
