El operativo se realizó en tierras fiscales ubicadas en la zona sudoeste del puente Lucas Córdoba, en San Miguel de Tucumán. Según la Provincia, las ocupaciones estaban dentro del dominio público hidráulico y en un sector de riesgo hídrico.
San Miguel de Tucumán, 8 de mayo de 2026. El Gobierno de Tucumán avanzó con la demolición de construcciones levantadas ilegalmente sobre tierras fiscales en la ribera del río Salí, en la zona sudoeste del puente Lucas Córdoba. El procedimiento fue encabezado por la Fiscalía de Estado, junto a la Dirección Provincial del Agua y la Dirección General de Catastro.
La medida forma parte de la política provincial de ordenamiento territorial, recuperación de espacios públicos y defensa del patrimonio estatal, especialmente en sectores considerados sensibles por su cercanía al cauce del río.
El fiscal de Estado Adjunto, Raúl Ferrazzano, remarcó que la decisión responde a una directiva del gobernador Osvaldo Jaldo. “La orden del gobernador Osvaldo Jaldo es tolerancia cero a las usurpaciones y junto a la fiscal de Estado, Gilda Pedicone, estamos avanzando en poner orden en el patrimonio provincial”, sostuvo.
Ferrazzano también confirmó que durante el operativo se procedió a la demolición de las construcciones irregulares detectadas en el lugar. Según expresó, el objetivo fue recuperar un espacio público que pertenece a todos los tucumanos.
De acuerdo con la Resolución N.º 156 de la Dirección Provincial del Agua, en inspecciones realizadas en la zona se constató la presencia de construcciones, loteos, viviendas, galpones y actividades comerciales emplazadas dentro del dominio público hidráulico y en plena zona de riesgo hídrico del río Salí.
Además, a partir de información del sistema GIS de la Dirección General de Catastro, se verificó que los terrenos ocupados no poseen padrón ni identificación catastral, por lo que fueron determinados como parte del dominio público provincial correspondiente al río.
Los informes técnicos de la DPA advirtieron que las ocupaciones habían avanzado sobre la línea de ribera, lo que comprometía el normal funcionamiento hidráulico del sector y representaba un riesgo para las personas que habitaban el lugar, además de afectar infraestructura pública cercana, especialmente el puente Lucas Córdoba.
Del procedimiento participaron también el director Provincial del Agua, Marcelo Cancilleri; el director de Protección del Patrimonio y Medio Ambiente, Hugo Vitale; el subdirector de Catastro, Ariel Llabra; y personal policial.
