La Justicia prohibió salir del país a Martín Insaurralde y a Jesica Cirio, pero rechazó detenerlos

El juez federal Luis Armella dispuso una serie de restricciones contra el ex intendente de Lomas de Zamora y la modelo en la causa por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos, aunque no hizo lugar al pedido de detención del fiscal Sergio Mola.

El juez federal Luis Armella prohibió salir del país a Martín Insaurralde y a su ex pareja Jesica Cirio, en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Sin embargo, el magistrado decidió no hacer lugar al pedido de detención que había reclamado el fiscal federal Sergio Mola, quien argumentaba que existía riesgo de manipulación, ocultamiento o destrucción de pruebas.

Además de la prohibición de salida del país, el ex intendente y la modelo deberán cumplir con una restricción de circulación: no podrán alejarse más de 50 kilómetros del domicilio declarado sin autorización judicial previa y tendrán que avisar al tribunal, con antelación, cualquier ausencia mayor a 24 horas. Las medidas alcanzan también a Sofía Clérici, Martín Luciano Insaurralde, Rodrigo Agustín Insaurralde, Gastón Barrachina y Víctor Mario Donadío.

La causa, identificada como FLP 38935/2023, investiga a Insaurralde por las figuras de lavado de activos (art. 303 del Código Penal) y enriquecimiento ilícito (art. 268, inc. 1). El período bajo análisis abarca desde 2009 hasta 2023.

El origen del expediente

La investigación tomó impulso tras la difusión de videos grabados en 2023, en los que se observan fajos de dólares en el vestidor de la casa de Insaurralde, ubicada en un barrio privado de San Vicente. Según los investigadores, el monto exhibido en esas imágenes rondaría los diez millones de dólares. A raíz de ese material, la Justicia ordenó allanar domicilios vinculados a Cirio y al financista Elías Piccirillo, además de peritar el teléfono celular que la modelo entregó en sede judicial.

Piccirillo, ex pareja de Cirio tras su divorcio de Insaurralde, cumple actualmente prisión domiciliaria por una causa en la que se lo acusa de haber armado un operativo para imputar falsamente por narcotráfico a un acreedor al que le debía dinero.

Los cinco argumentos del juez para rechazar la detención

El magistrado expuso cinco razones centrales para no ordenar la detención. En primer lugar, sostuvo que el video todavía no fue peritado: ordenó un análisis para determinar si fue modificado o adulterado, incluso mediante inteligencia artificial, y para establecer si el vestidor corresponde a alguno de los inmuebles de los imputados.

En segundo término, advirtió que el material podría ser anterior al inicio de la causa, lo que impide afirmar que exista un riesgo actual que justifique la medida. También valoró la conducta procesal colaborativa de los imputados, que se mantuvieron a disposición de la Justicia y acataron las restricciones impuestas desde octubre de 2023.

El juez consideró, además, que la acusación contra Cirio carece de sustento formal, ya que la fiscalía nunca identificó un hecho concreto ni una calificación legal específica, y no pidió su indagatoria durante tres años. Por último, señaló que el dictamen fiscal presenta «graves defectos de fundamentación» que lo exponen a ser declarado arbitrario o nulo.

Las medidas dispuestas y la continuidad de la causa

En lugar de la detención, Armella ordenó la prohibición de salida del país con comunicación a Migraciones, la restricción de circulación, la obligación de actualizar el domicilio en un plazo de 24 horas y la promesa de no obstaculizar la investigación. El magistrado argumentó que estas medidas resultan «idóneas y proporcionales» para garantizar la comparecencia a los actos procesales sin necesidad de recurrir a la detención.

La pesquisa, que también analiza las fotos del ex intendente navegando por el Mediterráneo en un yate junto a Sofía Clérici, continúa centrada en el origen de los fondos y en la titularidad de los bienes a nombre del ex funcionario y su entorno. Entre las medidas pendientes figuran la inspección ocular de la vivienda de San Vicente, la revisión de cámaras de seguridad, peritajes sobre dispositivos incautados y la citación a declarar de dos ex empleadas domésticas y del contador de la firma titular de la propiedad.

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