Las mujeres figuran como acreedoras de una hipoteca sobre uno de los departamentos del jefe de Gabinete. El miércoles será el turno de otras dos testigos vinculadas a otra operación inmobiliaria bajo análisis judicial.
La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito ingresará esta semana en una etapa clave con la declaración de cuatro testigos vinculadas a operaciones inmobiliarias que están bajo la lupa de la Justicia.
Este lunes fueron citadas Graciela Isabel Molina y Victoria María José Cancio, madre e hija, quienes figuran como prestamistas de 100.000 dólares en una hipoteca constituida sobre un departamento de Adorni ubicado en Parque Chacabuco. Según la documentación incorporada al expediente, ese préstamo habría sido utilizado en noviembre de 2024 para la compra de una casa en un club privado de Exaltación de la Cruz.
La investigación está delegada en la fiscalía de Gerardo Pollicita y tramita en el juzgado federal de Ariel Lijo. En ese marco, el magistrado resolvió en los últimos días el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Adorni, de su esposa y también de las mujeres citadas como testigos, con el objetivo de reconstruir el origen de los fondos, su trazabilidad y la consistencia de esas operaciones con la capacidad económica declarada.
De acuerdo con lo informado por distintos medios nacionales, en su última declaración jurada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni consignó una deuda de 43.860.000 pesos con Molina y otra de 7.740.000 pesos con Cancio, ambas garantizadas con el inmueble de la calle Asamblea. Ahora, la fiscalía buscará determinar si esos montos tienen correlato con movimientos reales de dinero y respaldo patrimonial suficiente.
El miércoles 15 de abril deberán presentarse Beatriz Alicia Viegas y Claudia Bibiana Sbabo, identificadas en la causa como las vendedoras del departamento que Adorni adquirió en Caballito. Según la investigación, el funcionario habría abonado una parte del valor del inmueble y quedó adeudando otros 200.000 dólares mediante una hipoteca entre privados, una operatoria que también es analizada por la Justicia.
Además de las declaraciones testimoniales, la fiscalía pidió a ARCA información patrimonial, fiscal y económica de las cuatro mujeres para establecer si contaban con recursos compatibles con los préstamos, créditos o garantías que figuran en la documentación. También fueron requeridos teléfonos celulares y otros elementos que podrían aportar mensajes, audios, correos o registros vinculados con las operaciones bajo investigación.
La semana pasada ya había declarado la escribana Adriana Nechevenko, quien intervino en una de las operaciones. En una entrevista periodística, sostuvo que fue quien puso en contacto a las partes y resumió su rol con una frase que pasó a integrar el expediente mediático del caso: “Tengo clientes y acerqué a las partes”.
En paralelo, Lijo también mantiene abierta otra investigación que involucra a Adorni por el presunto pago de vuelos privados a Punta del Este por parte del periodista Marcelo Grandío, quien además habría tenido contratos con la TV Pública a través de su productora.
