Beatriz Viegas se presentó este miércoles ante el fiscal federal Gerardo Pollicita en la causa por presunto enriquecimiento ilícito que involucra a Manuel Adorni. Más tarde fue citada Claudia Sbabo, la otra mujer que participó de la operación por el departamento de Caballito.
Buenos Aires, 15 de abril de 2026. La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni, actual jefe de Gabinete de Ministros, avanzó este miércoles con una nueva ronda de testimoniales en Comodoro Py. La primera en declarar fue Beatriz Viegas, una de las jubiladas que figuran en la operación inmobiliaria por la que el funcionario y su esposa adquirieron un departamento en el barrio porteño de Caballito. Luego fue convocada Claudia Sbabo, la segunda mujer involucrada en la compraventa.
Según la documentación incorporada al expediente, la escritura del inmueble fue certificada el 18 de noviembre de 2025 por un valor de US$230 mil. De ese total, Adorni habría abonado US$30 mil en efectivo, mientras que los US$200 mil restantes quedaron cubiertos mediante una hipoteca entre privados, sin intereses y con vencimiento previsto para noviembre de 2026. Ese esquema es uno de los puntos que hoy analiza la fiscalía.
El caso cobró mayor relevancia porque, antes de presentarse ante la Justicia, ambas mujeres habían asegurado públicamente que no conocían a Adorni. En la audiencia de este miércoles, además, la fiscalía les requirió sus teléfonos celulares para acceder a registros de llamadas, mensajes y otros intercambios vinculados con las operaciones bajo investigación. Viegas se retiró de tribunales sin hacer declaraciones a la prensa.
La causa también intenta reconstruir cómo se movió la propiedad antes de llegar a manos del funcionario. De acuerdo con los antecedentes ya incorporados, el departamento había pertenecido al exfutbolista Hugo Morales, quien declaró que lo vendió por US$200 mil luego de aceptar una rebaja sobre el valor inicialmente ofrecido por la inmobiliaria que lo comercializaba. “Lo vendimos contentos”, sostuvo en declaraciones radiales citadas en el expediente periodístico que dio origen a esta nueva instancia.
En paralelo, la Justicia ya dispuso otras medidas sobre la situación patrimonial de Adorni. La semana pasada, el juez federal Ariel Lijo ordenó levantar el secreto bancario, fiscal y financiero del funcionario y de su esposa, Bettina Angeletti, para revisar cuentas, tarjetas, inversiones y declaraciones patrimoniales. El expediente también pone la lupa sobre una vivienda en Exaltación de la Cruz que no había sido incluida oportunamente en una declaración jurada presentada por Adorni como candidato en 2025.
Antes de esta nueva convocatoria, ya habían declarado otras dos mujeres que también le prestaron dinero al funcionario en otra operación inmobiliaria. La fiscalía, sin embargo, ahora concentra parte de su atención en la compraventa del departamento de la calle Miró, una operación que combina monto elevado, financiamiento atípico y vínculos todavía bajo reconstrucción judicial.
