Más de 20 entidades sindicales y sociales reciben notificaciones para abonar hasta $56 millones por operativos de seguridad durante manifestaciones contra el DNU 70/2023.
En una nueva medida, el Gobierno argentino ha intimado a más de 20 gremios y organizaciones sociales a abonar cuantiosas multas que alcanzan hasta los $56 millones. Estas sanciones están relacionadas con los operativos de seguridad implementados durante las manifestaciones que tuvieron lugar el 22 y 27 de diciembre en Plaza de Mayo y Tribunales, respectivamente, en oposición al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei.
Los telegramas, enviados por el Ministerio de Seguridad, notifican a entidades como Camioneros, Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Unión Obrera de la Construcción (Uocra), Central de Trabajadores Argentinos (CTA), y Asociación de Trabajadores del Estado, entre otros. Las multas van desde los $40 millones hasta los $56 millones, y el plazo para el pago es de diez días hábiles a partir de la recepción de la notificación.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, los responsabiliza de «los gastos ocasionados» por el despliegue del operativo por la «interrupción total o parcial del tránsito vehicular», una sanción con la que el Gobierno busca hacer cumplir el protocolo antipiquete que prohíbe la realización de bloqueos de la vía pública durante protestas.
Entre las organizaciones multadas se encuentran Federación Marítima y Portuaria de la Industria Naval (Fempinra), Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops), Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), y el Movimiento Independiente de Jubilados y Desocupados (MIJD), entre otras.
La Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y otras entidades emitieron comunicados repudiando las multas, calificándolas como actos de “persecución e intimidación” por parte del Gobierno. La CTA anunció su intención de presentar denuncias ante organismos internacionales, argumentando que el protocolo antipiquete viola derechos constitucionales.
Estos nuevos telegramas se suman a las sanciones ya impuestas por el Gobierno, que ascendían a $60 millones para 14 organizaciones sociales, relacionadas con el operativo de seguridad durante la movilización del 20 de diciembre pasado. La medida ha generado fuertes críticas por parte de los gremios, que ven en estas multas un intento de coartar el derecho a la protesta y una acción represiva del Gobierno.
