Ante posibles amenazas y extorsiones relacionadas con el paro convocado por la CGT, el Ministerio de Seguridad pone a disposición la línea 134 para recibir denuncias anónimas y garantizar la seguridad de los trabajadores.
El Ministerio de Seguridad de la Nación, bajo la dirección de Patricia Bullrich, anunció la habilitación de la línea 134 con el objetivo de registrar denuncias por amenazas o extorsiones relacionadas con el paro convocado para el 24 de enero por la Confederación General del Trabajo (CGT). La medida busca garantizar la libre voluntad de los trabajadores y trabajadoras ante posibles presiones para sumarse al paro.
«Ante el conocimiento de la existencia de extorsiones, amenazas y aprietes a trabajadores y trabajadoras para que el 24 de enero se sumen al paro contra su voluntad, por el peligro de perder su puesto o el plan que cobran, el Ministerio de Seguridad de la Nación habilitó el 134 para recibir denuncias», señaló la cartera en un comunicado oficial.
La línea gratuita estará disponible para aquellos que deseen informar sobre situaciones de presión, amenazas o extorsiones, con operadores capacitados para recabar la mayor información posible y brindar seguridad a cada sector afectado. La denuncia puede realizarse de manera anónima, según destacó el Ministerio.
En una declaración, el Ministerio alentó a la ciudadanía a utilizar la línea 134 para defender «su derecho a trabajar y vivir en libertad». Enfatizó la importancia de que los argentinos no teman denunciar situaciones que comprometan su integridad laboral. «La única forma de sacar este país adelante es trabajando, con esfuerzo y compromiso. Es hora de dejar de mirar para otro lado. Cada argentino es protagonista de este momento histórico», afirmó el comunicado.
Asimismo, el Ministerio instó a no tener miedo y aseguró que aquellos que amenazan y extorsionan deben ser conscientes de que, en «esta Argentina del trabajo y la honestidad, el que las hace, las paga». La medida se enmarca en el compromiso del Gobierno por garantizar la libertad y seguridad de los trabajadores ante situaciones que atenten contra su voluntad y derechos fundamentales.
