Por directivas del gobernador Osvaldo Jaldo, la Provincia de Tucumán ha iniciado sumarios administrativos a 956 empleados públicos tras detectar presuntas incompatibilidades en el cobro del plan Potenciar Trabajo. La investigación, desencadenada por informes entregados al fiscal Guillermo Marijuan, ha llevado a la suspensión del cobro del plan para los involucrados mientras se determina la eventual incompatibilidad.
En una decisión sin precedentes, el gobernador, Osvaldo Jaldo, ha ordenado la apertura de sumarios administrativos a casi mil empleados públicos que presuntamente cobraban de manera indebida el plan Potenciar Trabajo debido a posibles incompatibilidades con sus cargos.
La medida surgió a raíz de información proporcionada por el propio Gobierno de Tucumán al fiscal Guillermo Marijuan, quien, en el marco de una investigación preliminar, identificó irregularidades en 956 agentes de la Administración Pública local.
Ante la gravedad de la situación, el Gobierno Nacional ha decidido suspender temporalmente el cobro del plan para los implicados, a la espera de determinar la veracidad de las presuntas incompatibilidades. La normativa del Potenciar Trabajo es precisa y detallada, contemplando diversas situaciones de compatibilidad entre el empleo formal y la asignación del plan.
Entre los empleados señalados, 230 pertenecían a la UNREL y ya han sido dados de baja. Los restantes agentes han sido notificados para que respondan sobre su situación, y desde la semana pasada, la Provincia ha comenzado la sustanciación de los sumarios con medidas administrativas que puedan llevar a aplicar las sanciones correspondientes, incluyendo la eventual cesantía de los trabajadores involucrados.
Ante esta situación, el Gobernador Jaldo ha instruido intensificar las tareas administrativas para determinar la responsabilidad de cada empleado público notificado en la causa. La Provincia busca llegar hasta las últimas consecuencias en esta investigación, asegurando que se apliquen las sanciones necesarias y se esclarezca la situación de aquellos que han violado las normativas del plan Potenciar Trabajo.
