El gobernador respaldó la implementación de la guía provincial para abordar estos episodios en establecimientos educativos y remarcó que deberán responder ante la Justicia tanto quienes hagan las amenazas como sus adultos responsables.
San Miguel de Tucumán, 22 de abril de 2026. El gobernador Osvaldo Jaldo endureció este miércoles el mensaje oficial frente a las amenazas de tiroteo en establecimientos educativos y aseguró que habrá consecuencias penales y civiles no solo para quienes realicen estas intimidaciones, sino también para sus padres, madres o tutores. La declaración se conoció en el marco de la puesta en vigencia de una guía específica para abordar este tipo de hechos en las escuelas tucumanas.
El mandatario sostuvo que se trata de un fenómeno que “excede a la provincia”, pero que en Tucumán se decidió avanzar con una respuesta conjunta entre el Estado, las instituciones educativas y las familias. “Una amenaza hoy es un delito, y quienes lo cometan, tengan la edad que tengan, tienen que ser puestos a disposición de la Justicia”, afirmó. Luego fue todavía más contundente: “Aquellos que cometan el delito, y los responsables que están atrás —ya sea el tutor, el papá o la mamá— se van a tener que responsabilizar civil y penalmente”.
La nueva herramienta oficial fue presentada por el Ministerio de Educación y lleva por título “Orientaciones para el abordaje de amenazas de tiroteo en instituciones educativas”. El documento fue elaborado por el Gabinete Pedagógico Interdisciplinario y apunta a ordenar la intervención de directivos, docentes y familias, con eje en la contención, el cuidado y la respuesta institucional ante situaciones que generan alarma dentro de la comunidad escolar.
Según informó la Provincia, estas orientaciones se articulan con la Guía Provincial para el Abordaje de Situaciones Problemáticas Complejas, aprobada por Resolución Ministerial N° 2452/5 del 17 de octubre de 2025, y también con el Decreto N° 772/7, fechado el 15 de abril de 2026, que reforzó obligaciones para las autoridades escolares y la intervención con fuerzas de seguridad cuando el caso lo requiera.
Dentro de ese esquema, la cartera educativa ya había pedido reforzar controles en los accesos, extremar la supervisión dentro de los establecimientos y profundizar el acompañamiento a los estudiantes, con especial énfasis en el diálogo y la prevención. Días atrás, la ministra Susana Montaldo había advertido que estas conductas buscan generar impacto y visibilidad, muchas veces atravesadas por dinámicas de redes sociales, y remarcó que deben existir límites claros y consecuencias.
El endurecimiento del discurso oficial se da en medio de una seguidilla de episodios que encendieron la alarma en Tucumán. De acuerdo con publicaciones periodísticas locales, en los últimos días se registraron decenas de denuncias vinculadas con amenazas de tiroteo en instituciones educativas y la Policía desplegó 2.500 efectivos para reforzar la custodia en escuelas y colegios de toda la provincia.
La preocupación también creció por investigaciones abiertas para identificar a autores e instigadores de estas amenazas. En uno de los casos relevados por la prensa local, fuentes policiales remarcaron que “no es una broma, es delito”, mientras la Justicia avanzaba con análisis de cámaras y toma de testimonios para establecer responsabilidades.
