El abogado penalista analizó en Tucumán con Todo, por la pantalla de América Tucumán, la situación del adolescente de 15 años acusado por el ataque en una escuela santafesina. Sostuvo que la reforma que baja la edad de imputabilidad a 14 años todavía no está vigente y advirtió sobre fallas en las redes de contención.
El abogado penalista Mariano Arcas sostuvo que el adolescente de 15 años acusado por el ataque en la Escuela Normal Mariano Moreno de San Cristóbal, Santa Fe, no puede ser alcanzado por la nueva ley penal juvenil porque esa norma aún no entró en vigencia. La explicación fue brindada en una entrevista emitida en Tucumán con Todo, por la pantalla de América Tucumán, en medio del fuerte debate nacional reabierto tras el crimen de un alumno de 13 años y las heridas sufridas por otros adolescentes.
Durante la charla, Arcas explicó que no se trata de un “nuevo código”, sino de una reforma del régimen penal juvenil. La Ley 27.801, publicada en el Boletín Oficial el 9 de marzo de 2026, estableció un régimen aplicable a adolescentes desde los 14 años, pero su artículo 52 fija que recién entra en vigencia 180 días después de su publicación. Eso implica, por calendario, que comenzará a regir el 5 de septiembre de 2026, por lo que no alcanza al hecho ocurrido en San Cristóbal a fines de marzo.
Con ese encuadre, el penalista remarcó que al caso debe aplicarse la legislación vigente al momento del hecho. En esa línea, señaló que el adolescente es hoy no punible y que, en lugar de una pena de prisión, podrían disponerse medidas socioeducativas y de contención en un establecimiento especializado no carcelario, bajo control judicial. Esa interpretación coincide con lo informado oficialmente por el Gobierno de Santa Fe, que también indicó que la reforma sancionada todavía no rige.
Más allá del aspecto estrictamente legal, Arcas planteó que el caso obliga a mirar qué falló antes del ataque. En su análisis, situaciones como el acoso escolar, la falta de acompañamiento emocional y la debilidad de las redes de contención familiar e institucional deben ser parte de la discusión pública. Por eso, consideró que el debate no debería agotarse en la imputabilidad, sino extenderse a la prevención y a los mecanismos de intervención temprana.
El abogado también apuntó al rol de los adultos frente al uso de la tecnología por parte de niños y adolescentes. En ese tramo de la entrevista, insistió en la necesidad de fortalecer la alfabetización digital, promover el uso de controles parentales y capacitar a las familias para acompañar mejor a los menores en el acceso a redes sociales y contenidos sensibles. Según sostuvo, esa tarea también debería formar parte de una estrategia preventiva más amplia dentro del sistema educativo.
Así, la intervención de Arcas dejó dos planos abiertos: el jurídico, donde sostuvo que la nueva ley todavía no puede aplicarse al caso de San Cristóbal; y el social, donde reclamó más herramientas para detectar señales de alarma antes de que la violencia escale.
