El abogado penalista Mariano Arcas fue entrevistado por Germán Valdez en Tucumán con Todo, por la pantalla de América Tucumán, y advirtió que la ola de amenazas en escuelas tucumanas no se resuelve sólo con policías en la puerta o traslados a institutos. Desde su mirada, el problema real está en la violencia social, el acoso escolar y el impacto de las redes sociales.
En plena preocupación por las amenazas de tiroteos en escuelas de Tucumán, el abogado penalista Mariano Arcas sostuvo que el fenómeno debe leerse en dos planos: el de la alarma social que provoca en alumnos, familias y docentes, y el de la respuesta legal que hoy intenta desplegar el Estado. En la entrevista emitida en Tucumán con Todo, por la pantalla de América Tucumán, planteó que las medidas de urgencia pueden servir para contener, pero no alcanzan si no se ataca el problema de fondo.
Ese contexto no es menor. El Gobierno de Tucumán reforzó la seguridad en los establecimientos con el Decreto 772/7 M.S., que habilita medidas preventivas, sanciones, intervención policial y hasta la posibilidad de traslado de menores involucrados al Instituto Brochero de Benjamín Paz, con intervención judicial. Además, Educación recordó que sigue vigente una guía provincial para abordar situaciones problemáticas complejas en las escuelas.
Sin embargo, Arcas fue más allá del operativo inmediato. Para el penalista, el punto central no está sólo en las pintadas o en las amenazas, sino en qué lleva a un adolescente a imaginar, anunciar o intentar una escena de violencia extrema. En su análisis, ahí aparecen factores como la falta de contención familiar, la violencia social y, sobre todo, el acoso escolar, una práctica histórica que hoy se agrava porque ya no termina cuando el alumno sale del aula.
Según explicó, las redes sociales cambiaron la escala del problema. Lo que antes podía quedar en una burla dentro de la escuela ahora se viraliza, se amplifica y persigue a la víctima también en su casa. Arcas advirtió que esa presión puede crecer todavía más con el uso de inteligencia artificial, capaz de fabricar imágenes, videos o montajes falsos para humillar a un estudiante. Desde su mirada, ahí se rompe el último espacio de resguardo emocional que antes podía ofrecer el hogar.
En el plano jurídico, el abogado recordó que la nueva Ley 27.801 de Régimen Penal Juvenil todavía no está vigente. El texto fue publicado el 9 de marzo de 2026, pero su artículo 52 establece que empezará a regir recién a los 180 días, es decir, en septiembre de 2026. Por eso, hoy sigue aplicándose el régimen anterior para los menores de 16 años.
Arcas cuestionó además la idea de que la única salida sea endurecer el encierro. Afirmó que un adolescente que amenaza o incluso comete un hecho grave no puede ser tratado sólo como un preso adulto, porque sigue siendo un menor en desarrollo y necesita un esquema de resocialización real. En ese punto, advirtió que Tucumán arrastra viejas falencias en los dispositivos destinados a menores en conflicto con la ley y puso en duda que la infraestructura actual esté preparada para dar una respuesta adecuada.
El planteo del abogado choca con el clima de época, pero justamente ahí radica el núcleo de su advertencia: para él, si Tucumán se limita a custodiar escuelas y sancionar chicos sin revisar qué falló antes, el conflicto seguirá reapareciendo. La amenaza, en ese sentido, no empieza en una pared escrita: empieza mucho antes, en una cadena de violencias que nadie logró frenar a tiempo.
