El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, sostuvo que “el número no es importante” y volvió a calificar la protesta como política. La movilización reclamó el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.
Buenos Aires, 13 de mayo de 2026. El Gobierno nacional relativizó el impacto de la nueva Marcha Federal Universitaria realizada en distintos puntos del país y ratificó que mantendrá la política de restricción presupuestaria sobre el sistema universitario. La postura fue expresada por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, quien aseguró que la convocatoria no modifica el criterio fiscal de la administración nacional.
En declaraciones radiales, Álvarez volvió a sostener que la protesta tuvo un fuerte componente político y cuestionó que el debate se centre en la cantidad de personas movilizadas. “El número no es importante, no gobernamos por las manifestaciones”, afirmó el funcionario.
El subsecretario insistió en que las decisiones del Ejecutivo no se definen por la magnitud de una marcha, sino por el resultado electoral y por el equilibrio de las cuentas públicas. En ese sentido, planteó: “Podés juntar 100 mil personas, un millón o cinco millones, pero al otro día la restricción presupuestaria sigue estando ahí”.
La movilización universitaria se realizó en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que establece actualizaciones de partidas, recomposición salarial para docentes y no docentes, y refuerzos para becas, infraestructura y hospitales universitarios. Desde las universidades advierten que el sistema atraviesa una situación crítica por la caída real de los fondos nacionales.
Según el Consejo Interuniversitario Nacional, las transferencias a las universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6% entre 2023 y 2026, una reducción que impacta en salarios, funcionamiento académico, investigación, extensión, becas y hospitales escuela.
En paralelo, el Gobierno anticipó que convocará a rectores de universidades que cuentan con hospitales universitarios para discutir un nuevo esquema de distribución de fondos. Sin embargo, hasta el momento no se informó una fecha concreta para esa reunión.
El conflicto también continúa en el plano judicial. Tras la marcha, la Corte Suprema de Justicia quedó en condiciones de avanzar en una definición sobre la disputa entre el Gobierno y las universidades por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.
