El Ejecutivo propuso una recomposición salarial en dos tramos y mejoras presupuestarias, condicionadas al retiro de la demanda ante la Corte Suprema por la Ley de Financiamiento Universitario. Los rectores rechazaron la exigencia y la negociación quedó trabada.
El Gobierno nacional y las universidades públicas estuvieron cerca de un acuerdo, pero las negociaciones volvieron a estancarse. El Ejecutivo puso sobre la mesa una propuesta de recomposición salarial del 24,3% para docentes y no docentes, pero condicionó el trato a que el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) retirara la demanda judicial que exige el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Los rectores rechazaron de plano esa exigencia.
La reunión se realizó esta semana entre el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, del Ministerio de Capital Humano, y representantes del CIN, entre ellos el rector de la Universidad Nacional de Rosario, Franco Bartolacci, y el de la Universidad Nacional de Río Negro, Anselmo Torres, presidente y vicepresidente del organismo, respectivamente.
La propuesta del Gobierno
La oferta oficial contempla un aumento salarial del 21,33% a cobrar en junio y un 3% adicional en octubre, con el objetivo de compensar parte de las pérdidas acumuladas entre 2024 y los primeros meses de 2026. Además, el Ejecutivo incluyó en el paquete:
- Un 20% de incremento en los gastos de funcionamiento de las universidades.
- Un 50% de aumento para las becas Manuel Belgrano, que permanecen congeladas en $81.685 desde 2024.
- $50.000 millones adicionales para los hospitales universitarios, no contemplados en el Presupuesto 2026.
- La creación de una comisión técnica para revisar deudas pendientes de 2024 y la realización de paritarias trimestrales atadas a la inflación.
Según fuentes que participaron de la negociación, el Ministerio de Economía habría autorizado una partida de $800.000 millones para el sector universitario. Desde el ámbito universitario reconocieron que la propuesta económica era razonable.
El punto de quiebre: la demanda judicial
El avance se frenó cuando el Gobierno condicionó el acuerdo al retiro de la medida cautelar que el CIN presentó ante la Justicia para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. Esa norma, sancionada por el Congreso en agosto de 2025 con amplia mayoría en ambas Cámaras, establece la recuperación del poder adquisitivo docente a niveles de noviembre de 2023 y paritarias futuras con piso en el IPC. Milei la vetó, el Congreso lo revocó y el Ejecutivo igual optó por no aplicarla.
Las universidades obtuvieron fallos favorables en primera y segunda instancia, aunque la cautelar quedó suspendida tras un recurso extraordinario del Poder Ejecutivo. Ahora la decisión final recae en la Corte Suprema de Justicia, que no tiene plazo para expedirse.
Desde el CIN fueron categóricos: «No existe ninguna posibilidad de retirar la presentación. La ley debe cumplirse», sostuvieron fuentes vinculadas a la negociación. Y agregaron que la demanda judicial opera como «resguardo» ante los reiterados incumplimientos del Ejecutivo.
Desde la Asociación Gremial Docente de la UBA advirtieron, además, que la distancia entre lo ofrecido y lo que manda la ley es enorme: según sus cálculos, de aplicarse hoy la norma en su totalidad, el aumento correspondiente rondaría el 52%.
El contexto
Desde la asunción de Javier Milei a fines de 2023, el presupuesto universitario acumula una caída real de alrededor del 35%. Si se proyecta la inflación esperada para lo que resta de 2026, ese ajuste podría llegar al 45%, según datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central. El conflicto ya impulsó cuatro marchas multitudinarias en todo el país en defensa de la universidad pública.
