El ministerio de Mario Lugones aseguró que el financiamiento de los programas sanitarios «está garantizado» y atribuyó la protesta a «motivaciones políticas». Los organizadores, en tanto, rechazan un recorte de 63.000 millones de pesos aplicado a través de la Decisión Administrativa 20/2026.
Buenos Aires, 20 de mayo de 2026. En el mismo día en que miles de trabajadores de la salud, sindicatos y organizaciones sanitarias marcharon desde el Ministerio de Salud de la Nación hacia Plaza de Mayo, el Gobierno nacional salió a desmentir las acusaciones de desfinanciamiento y cuestionó la convocatoria, a la que calificó de tener «un claro tinte político».
La movilización, articulada por el Foro por el Derecho a la Salud y acompañada por sindicatos como CICOP y ATE, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, residentes hospitalarios y la CTA, se realizó bajo la consigna «La salud no puede esperar». El punto de partida fue la puerta del ministerio a las 13 horas, con columnas llegadas de distintos puntos del país.
El recorte en el centro del debate
El detonante inmediato de la marcha fue la Decisión Administrativa 20/2026, publicada en el Boletín Oficial la semana pasada, que oficializó un recorte de 63.000 millones de pesos en las partidas del Ministerio de Salud. Entre las áreas más afectadas se cuentan:
- 25.000 millones de pesos menos en transferencias a los sistemas provinciales de salud
- 20.000 millones de pesos menos en acceso a medicamentos, insumos y tecnología médica
- 5.000 millones de pesos menos para el programa de prevención, detección temprana y tratamiento del cáncer
- 800 millones de pesos menos en el área de respuesta al VIH, hepatitis virales y tuberculosis
- 500 millones de pesos menos en vacunas, en medio de reclamos de distintas provincias por faltante de dosis
A esto se suma el desfinanciamiento del Programa Remediar, que distribuía medicamentos gratuitos a los centros de atención primaria de todo el país y que los organizadores de la marcha describen como virtualmente desmantelado. Según datos difundidos por las entidades convocantes, en 2026 la primera entrega del programa registró una caída del 55% respecto a 2023.
La respuesta oficial
Desde la cartera que conduce Mario Lugones, el gobierno rechazó el encuadre de las protestas y mencionó «motivaciones políticas» detrás de la convocatoria. El ministro sostuvo: «Quiero dejar en claro que el financiamiento de los programas que impulsa el Ministerio de Salud está garantizado. Esto ha sido posible gracias a un sistema de compras más ordenado, eficiente y libre de intermediarios».
En sus comunicaciones públicas, Lugones destacó que para 2026 se proyecta un aumento del 66% en el presupuesto destinado a medicamentos oncológicos y de alto costo, con un 27% más de pacientes asistidos, y que se prevé destinar más de 244 millones de dólares para garantizar la continuidad del Calendario Nacional de Vacunación.
El gobierno también apuntó a la provincia de Buenos Aires como impulsora política de la protesta, señalando que fue la única jurisdicción que no participó el lunes 18 de mayo de la reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), donde los ministros provinciales acordaron un comunicado conjunto sobre responsabilidades entre Nación y provincias.
Las voces del sector
Pese a los anuncios oficiales, el Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires advirtió sobre el «profundo deterioro» que atraviesa el sistema sanitario y sostuvo en un comunicado que «la Salud Pública es un pilar democrático y no puede ser una variable de ajuste».
Desde varias provincias llegaron señales de alarma. El ministro de Salud de Corrientes, Emilio Lanari, reconoció que la jurisdicción comenzó a cubrir con fondos propios la vacunación de adultos mayores beneficiarios del PAMI, «porque Nación dejó de enviar» las dosis.
La tensión escala además en el plano internacional: en paralelo a la marcha, comenzó en Ginebra el debate formal sobre la salida de Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS), impulsada por el presidente Javier Milei.
