«No es una denuncia seria»: el Tribunal de Cuentas repudió el pedido de juicio político contra su presidente

El organismo emitió un comunicado institucional para repudiar la presentación del 18 de mayo ante la Legislatura y refutar punto por punto las imputaciones, a las que calificó como «construidas sobre afirmaciones falsas».

San Miguel de Tucumán, 21 de mayo de 2026. Los jefes de las distintas áreas del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán salieron a defender públicamente la actuación del organismo y de su presidente, el C.P.N. Miguel Chaibén Terraf, a través de un comunicado institucional firmado el 20 de mayo. El documento responde al pedido de juicio político presentado tres días antes ante la Legislatura provincial y lo define como «un nuevo episodio de una campaña sostenida de desinformación sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas y sus procedimientos legales».

El comunicado lleva las firmas de los responsables de la Secretaría General, la Prosecretaría General, el Departamento de Ingenieros Fiscales, el Departamento de Contadores Fiscales y la Asesoría Jurídica, y está dirigido a la opinión pública y a la Honorable Legislatura.

El caso que originó la denuncia

La presentación ante la Legislatura se centra en una obra realizada en el Establecimiento Socioeducativo «San José Gabriel del Rosario Brochero», ejecutada por la contratista HAGA UTE entre el 12 de enero y el 3 de marzo de 2026. El cuestionamiento apunta a que el Tribunal no habría ejercido un control adecuado sobre ese gasto público.

Los argumentos del Tribunal

El comunicado refuta las acusaciones en seis puntos precisos.

Primero, sostiene que no hubo omisión de control. Explica que el Decreto N° 850/8, que aprobó el gasto y autorizó el pago, fue dictado por el Poder Ejecutivo recién el 27 de abril de 2026, una vez finalizadas las obras. Por eso, el Tribunal aplicó la modalidad de control posterior, que es exactamente la que establece la ley para esos casos —conforme a los artículos 126 y 128 de la Ley N° 6.970—. Así quedó registrado en el Acuerdo N° 1448 del 6 de mayo de 2026, que además responsabilizó al Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público por la solución técnica y el diseño del proyecto.

Segundo, niega que el presidente del organismo haya impulsado la convalidación de la obra. «Esa afirmación es falsa», sostiene el texto, y precisa que la vía de la convalidación fue analizada por los órganos internos del Poder Ejecutivo antes del decreto, con dictámenes de la Asesoría Letrada del Ministerio de Obras, la Contaduría General y, de manera decisiva, la Fiscalía de Estado, mediante el Dictamen N° 598 del 20 de abril de 2026.

Tercero, aclara que la obra no fue ni aprobada ni pagada. El Tribunal, mediante el Acuerdo N° 1448, devolvió las actuaciones al ministerio, exigió documentación faltante y advirtió expresamente que el decreto no podía ejecutarse hasta su pronunciamiento definitivo. Luego, con el Acuerdo N° 1716 del 19 de mayo, impuso nuevas condiciones: la aprobación del Acta de Recepción Provisoria, la corrección del decreto para retener el 5% en concepto de Fondo de Reparos y la validación de los estándares socioeducativos por el organismo competente en materia de niñez.

Cuarto, recuerda que el Tribunal de Cuentas es un órgano colegiado y que ambos acuerdos fueron firmados por sus tres miembros: Chaibén Terraf, el Dr. Sergio Miguel Díaz Ricci y el C.P.N. Marcelo Vidal. «Imputar a una sola persona un acto colegiado, de contenido objetante y restrictivo, es desconocer el funcionamiento institucional del organismo», señala el texto.

Quinto, cuestiona la solidez jurídica de la presentación y le atribuye confundir control preventivo con control posterior, dar por aprobado un pago que no fue aprobado y presentar como hecho consumado un trámite que continúa en curso.

Finalmente, el comunicado concluye con una defensa de la función institucional del organismo: «Ante una obra ejecutada el Tribunal no miró hacia otro lado: aplicó la ley, ejerció el control posterior correspondiente, exigió recaudos faltantes e impidió que el pago se ejecutara sin el cumplimiento de las condiciones legales».

El pedido a la Legislatura

Los firmantes solicitan a la Honorable Legislatura que evalúe la presentación con el rigor que exige la Ley N° 8.198 y que, de no verificarse una causal constitucional concreta, la rechace en la instancia de admisión.

Firman el comunicado los jefes de área: C.P.N. Atilio José Peluffo, C.P.N. Santiago Domingo de Prada, C.P.N. Patricia Fernández, Dr. Miguel Ángel Hael, Dr. César Alonso Larrabure, Dr. Ramiro González Navarro, Dr. Agustín Gollan e Ing. Augusto López Fernández Murga.

COMUNICADO INSTITUCIONAL COMPLETO

Jefes de área del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán

San Miguel de Tucumán, 20 de mayo de 2026.

Quienes ejercemos la jefatura de las distintas áreas del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán —Secretaría General, Prosecretaría General, Departamento de Ingenieros Fiscales, Departamento de Contadores Fiscales y Asesoría Jurídica— nos dirigimos a la opinión pública para repudiar el pedido de formación de juicio político presentado el 18/05/2026 contra el Presidente del Tribunal, C.P.N. Miguel Chaibén Terraf, y para responder a imputaciones construidas sobre afirmaciones falsas, formuladas en modo potencial y apoyadas en fuentes anónimas. No estamos ante una denuncia seria, sino ante un nuevo episodio de una campaña sostenida de desinformación sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas y sus procedimientos legales.

I. No hubo omisión de control: El Tribunal de Cuentas ejerce, por mandato constitucional y por la Ley N° 6.970, distintas modalidades de control sobre los actos que comprometen fondos públicos: previo, preventivo, concomitante y posterior. La modalidad aplicable depende del momento en que el expediente ingresa al Tribunal, no de la voluntad del organismo. En el caso del Establecimiento Socioeducativo «San José Gabriel del Rosario Brochero», los trabajos fueron ejecutados por la contratista HAGA UTE entre el 12/01/26 y el 03/03/26. El Decreto N° 850/8 (MOIyTP), que aprobó el gasto y autorizó el pago, fue dictado por el Poder Ejecutivo el 27/04/26 y recién entonces ingresó al Tribunal. Frente a ello, el Tribunal ejerció la modalidad prevista legalmente para estos supuestos: el control posterior, conforme a los arts. 126 y 128 de la Ley N° 6.970. Así quedó plasmado en el Acuerdo N° 1448 del 06/05/26, que además responsabilizó al Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público respecto de la solución técnica, el diseño y el dimensionado del proyecto.

II. La convalidación no fue una iniciativa del Presidente del Tribunal: Se ha difundido que el Presidente del Tribunal habría sugerido al Poder Ejecutivo «regularizar» la obra mediante un decreto convalidatorio. Esa afirmación es falsa. La vía de la convalidación fue analizada y recorrida por los órganos internos de asesoramiento del Poder Ejecutivo antes del dictado del Decreto N° 850/8. En ese sentido dictaminaron la Asesoría Letrada del Ministerio de Obras, la Subdirección de Asesoramiento Contable de la Contaduría General de la Provincia y, de modo decisivo, la Fiscalía de Estado de la Provincia, mediante Dictamen N° 598 del 20 de abril de 2026. El propio Decreto N° 850/8 invoca ese dictamen como fundamento. Por lo tanto, atribuir esa decisión al Presidente del Tribunal implica alterar el orden real de los hechos.

III. La obra no fue aprobada ni pagada: Para que una orden de pago se ejecute en la Provincia se requiere el registro y aprobación de la Contaduría General y el pronunciamiento sin observación del Tribunal de Cuentas sobre el acto que la origina. Ninguno de esos extremos se produjo respecto del Decreto N° 850/8. Mediante el Acuerdo N° 1448 del 06/05/26, el Tribunal encuadró el caso en la Ley N° 5.854, requirió documentación esencial faltante, devolvió las actuaciones al Ministerio de Obras, Infraestructura y Transporte Público y advirtió expresamente que el decreto no podía ejecutarse hasta el pronunciamiento definitivo. Luego, mediante el Acuerdo N° 1716 del 19/05/26, el Tribunal exigió nuevos recaudos: la aprobación formal del Acta de Recepción Provisoria, la corrección del Decreto N° 850/8 para practicar la retención del 5% en concepto de Fondo de Reparos y la validación del cumplimiento de los estándares socioeducativos por el organismo competente en materia de niñez. Es decir: lejos de habilitar el pago, el Tribunal lo condicionó, exigió documentación y corrigió omisiones que podían afectar el interés público.

IV. Los acuerdos son del cuerpo, no de una sola persona: El Tribunal de Cuentas es un órgano colegiado. Los Acuerdos N° 1448 y N° 1716 fueron firmados por sus tres miembros: C.P.N. Miguel Chaibén Terraf, Dr. Sergio Miguel Díaz Ricci y C.P.N. Marcelo Vidal. Además, antes de cada acuerdo intervinieron sucesivamente las áreas técnicas y jurídicas que hoy suscriben este comunicado. Imputar a una sola persona un acto colegiado, de contenido objetante y restrictivo, es desconocer el funcionamiento institucional del organismo.

V. Una presentación sin sustento suficiente: El pedido de juicio político se apoya en una interpretación malintencionada del expediente. Confunde control preventivo con control posterior, atribuye al Tribunal actos dictados por el Poder Ejecutivo, da por aprobado un pago que no fue aprobado y presenta como hecho consumado un trámite que continúa en curso. El Tribunal de Cuentas debe estar siempre abierto al control público y a la crítica. Pero la crítica debe fundarse en hechos verificables, no en afirmaciones inexactas ni en lecturas parciales del expediente.

VI. Lo que defendemos: Defendemos la actuación del Tribunal porque consta en el expediente. Ante una obra ejecutada el Tribunal no miró hacia otro lado: aplicó la ley, ejerció el control posterior correspondiente, exigió recaudos faltantes e impidió que el pago se ejecutara sin el cumplimiento de las condiciones legales. Eso es control externo ejercido con rigor. Y esa es, precisamente, la función para la cual el Tribunal de Cuentas existe.

Por todo ello, solicitamos a la Honorable Legislatura que evalúe esta presentación con el rigor que exige la Ley N° 8.198. Si no existe un hecho concreto, verificable y configurativo de una causal constitucional —y entendemos que no existe— corresponde su rechazo en la instancia de admisión.

Firman los jefes de área del Honorable Tribunal de Cuentas de la Provincia de Tucumán: C.P.N. Atilio José Peluffo, C.P.N. Santiago Domingo de Prada, C.P.N. Patricia Fernández, Dr. Miguel Ángel Hael, Dr. César Alonso Larrabure, Dr. Ramiro González Navarro, Dr. Agustín Gollan, Ing. Augusto López Fernández Murga.