El Ministerio Fiscal solicitó la extensión de la medida cautelar por dos meses más. La mujer enfrenta cargos como partícipe secundaria del asesinato de su hijo de tres años, y por la violencia ejercida contra los dos hermanitos de este.
Este viernes 28 de junio se realizó una audiencia requerida por la Unidad Fiscal Especializada en Homicidios y Atentados contra las Personas del Centro Judicial Concepción, que dirige Miguel Varela, con el objetivo de solicitar la prórroga de la prisión preventiva que viene cumpliendo Romina Vanesa Gutiérrez (30) en el marco de la causa en la que se investiga la muerte de su hijo Benjamín Gutiérrez (3).
La mujer se encuentra privada de la libertad desde el 28 de marzo pasado, un día después de que los restos del niño, que se encontraba desaparecido desde el año pasado, fueran hallados en una zona montuosa a 1,5 kilómetros de la vivienda familiar, ubicada en el paraje La Ensenada, localidad de Atahona, departamento Simoca. Desde ese momento se encuentra imputada por los delitos de lesiones leves agravadas por el vínculo en perjuicio de sus tres hijos menores de edad, Benjamín, su hermano (8) y su hermana (4), contra los cuales habrían ejercido maltratos físicos desde que nacieron; y por el delito de homicidio agravado por el vínculo cuya víctima es el propio Benjamín, en carácter de partícipe secundaria.
La fiscalía, representada por la auxiliar de fiscal Belén Pan, pidió la extensión de la medida cautelar por dos meses más, ya que aún restan por producirse pruebas claves. En este sentido, señaló que se está a la espera de la realización de la pericia antropológica al cadáver del menor para determinar la de data de muerte, así como la incorporación de nuevos testimonios al legajo. La investigadora manifestó que los riesgos procesales de fuga y entorpecimiento se mantienen vigentes, por lo que resulta necesario que la mujer continúe privada de la libertad. Asimismo, hizo alusión a las características del hecho y a la pena en expectativa. “Estamos hablando de tres víctimas vulnerables y que necesitan una protección específica, ya que son niños que fueron sometidos a lo largo de sus vidas a distintos maltratos físicos e incluso en el caso de Benjamín le causaron la muerte”.
En su resolución, el juez interviniente decidió hacer lugar al requerimiento fiscal, aceptando el plazo de dos meses, medida que continuará cumpliendo en la Cárcel de Mujeres de Banda del Río Salí.
El caso
Cabe destacar que en el caso también está imputado su concubino y padre del menor, Jorge Luis Lucero (43), a quien se le atribuye haber asesinado al pequeño. Según la acusación del MPF, este y Gutiérrez, encontrándose en su domicilio junto a sus tres hijos, un día hasta el momento no identificado, entre julio y diciembre del año 2023, estaban arreglando el techo de la vivienda, para cuya tarea usaban a sus hijos. En esas circunstancias, Lucero se enojó con Benjamín y, con claras intenciones de provocarle la muerte, le pegó en la cabeza con un bloque de cemento que estaba utilizando para arreglar el techo, provocando que el niño se desvaneciera en el piso y falleciera.
La mujer, a los fines de ayudar a su pareja a ocultar el cuerpo sin vida, procedió a envolverlo entre un toallón y dos sábanas, para luego colocar el cuerpo en una bolsa en la cual fue trasladado hacia el monte autóctono que se ubica al fondo de la propiedad, donde Lucero lo dejó semienterrado y tapado con una sábana.
