El gobernador reclamó medidas más duras ante las amenazas de tiroteo y los casos de estudiantes que ingresaron con armas a establecimientos educativos. Además, recordó que el decreto provincial ya prevé sanciones, intervención judicial y responsabilidad para padres y tutores.
Tucumán, 20 de abril de 2026. El gobernador Osvaldo Jaldo pidió este lunes que los alumnos que sean detectados cometiendo delitos en las escuelas, ya sea por amenazas, pintadas o por ingresar con armas blancas o de fuego, sean detenidos y expulsados de las instituciones. El mandatario planteó que la respuesta del sistema judicial y educativo debe endurecerse frente a una situación que, según advirtió, ya no admite flexibilidades.
En declaraciones periodísticas, Jaldo sostuvo que “hay que ir a fondo con las medidas” y remarcó que los padres también deben ser alcanzados por responsabilidades penales y civiles de manera inmediata. La definición del mandatario provincial se produjo en medio de la creciente preocupación por los episodios registrados en distintos establecimientos tucumanos durante las últimas semanas.
El gobernador fue todavía más categórico al señalar que “el que comete un delito o un intento de delito tiene que quedar detenido y ser expulsado de la institución”. En ese marco, cuestionó que en algunos casos recientes los adolescentes involucrados hayan regresado a sus hogares tras ser detectados con elementos peligrosos dentro de los colegios.
El trasfondo de esas declaraciones es una seguidilla de hechos que encendió las alarmas en el ámbito educativo. En Tucumán se informaron cerca de 90 denuncias por amenazas de tiroteo en los últimos días. A eso se sumó el caso de un alumno que ingresó con una navaja a la Escuela de Comercio N°1, episodio en el que se activó el protocolo de seguridad, y la situación de un adolescente de 17 años que llevó un revólver calibre 38 a la escuela El Salvador, aunque luego una jueza revocó la prisión preventiva y ordenó que continuara el proceso bajo vigilancia de sus padres.
Jaldo también recordó que el 15 de abril firmó el Decreto N.º 772/7 M.S., con el objetivo de reforzar la seguridad en los establecimientos educativos. La norma ratifica medidas de prevención y control, habilita la posibilidad de expulsión del sistema educativo provincial durante el actual ciclo lectivo para alumnos que pongan en riesgo el normal desarrollo de clases, y establece que los padres, tutores y responsables legales podrán responder en sede administrativa y/o judicial por la conducta de los menores.
Además, el decreto fija que las autoridades de establecimientos públicos y privados son responsables del cuidado de los alumnos y advierte que, en caso de incumplimiento, podrían perder subsidios o aportes estatales. También contempla que los menores involucrados en hechos graves podrán ser trasladados al instituto Brochero de Benjamín Paz, aunque siempre con intervención previa del Poder Judicial.
Con ese respaldo normativo, el mandatario insistió en que “no hay margen de ser benévolos, flexibles o mirar para otro lado”. La postura del Poder Ejecutivo provincial busca marcar una línea más dura ante una crisis que ya impacta de lleno en la vida escolar y en la preocupación de las familias tucumanas.
